Las principales organizaciones del sector del aceite de oliva han reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la publicación urgente de la norma de comercialización para la campaña 2026/2027. ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España consideran necesario activar cuanto antes el mecanismo de almacenamiento obligatorio para frenar la caída de las cotizaciones y proteger la rentabilidad de las explotaciones olivareras.
La petición, remitida al ministro de Agricultura mediante una carta el 8 de octubre, llega en un momento de preocupación por la evolución del mercado. Según las organizaciones, el aceite de oliva virgen extra cotiza actualmente en torno a los 3,30 euros por kilo, mientras que el lampante se sitúa en 2,90 euros. Unos precios que, aseguran, están por debajo de los costes de producción de la mayoría de las explotaciones, en un contexto marcado por el encarecimiento de los insumos, la mano de obra y los carburantes.
Las cuatro entidades consideran que la activación del mecanismo de regulación de la oferta es fundamental para evitar un mayor descenso de los precios y contribuir a estabilizar el mercado. Para ello, piden que el Ministerio publique tanto la orden ministerial como la resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios que determine el porcentaje de aceite que deberán almacenar obligatoriamente las almazaras productoras.
Una medida para regular la oferta
La norma prevista para la campaña 2026/2027 busca anticiparse a una posible situación de sobreproducción mediante la retirada temporal de parte del aceite del mercado. El mecanismo se activaría cuando las existencias iniciales, sumadas a la producción estimada, alcancen al menos el 120 % de la media de los dos niveles más altos de comercialización de las seis últimas campañas. La cantidad retirada no podrá superar el 20 % de la producción estimada.
Las organizaciones agrarias sostienen que la publicación urgente de la normativa es necesaria para que la medida pueda aplicarse en condiciones de igualdad entre los operadores. Advierten de que, mientras no entre en vigor, quienes comercialicen toda su producción antes de su aplicación podrían quedar al margen de la obligación, frente a las almazaras que comiencen a operar posteriormente.
El sector recuerda, además, que la propuesta contempla mecanismos para ajustar las cantidades almacenadas a lo largo de la campaña. De este modo, una vez conocidos los datos definitivos de producción y existencias, el Ministerio podría reducir el porcentaje inicialmente establecido y autorizar la salida al mercado de parte del aceite retenido si la evolución de la oferta y la demanda lo aconseja.
La CNMC advierte del impacto sobre los consumidores
Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó el pasado 5 de octubre un informe en el que advierte de los posibles efectos negativos de la norma sobre la competencia y los consumidores, al considerar que la retirada obligatoria de aceite podría reducir la oferta disponible y provocar un encarecimiento de los precios.
El organismo considera que retirar obligatoriamente aceite del mercado podría reducir la cantidad de producto disponible, afectar a los precios y limitar la variedad y la calidad de la oferta. También advierte de posibles alteraciones en el funcionamiento competitivo de la cadena de valor.
Por ello, la CNMC reclama que la medida esté respaldada por un diagnóstico completo del mercado y datos que acrediten la existencia de una sobreoferta verdaderamente extraordinaria. Asimismo, recomienda precisar la metodología para calcular el porcentaje de retirada, limitarla a las categorías en las que resulte necesaria y establecer mecanismos de control y seguimiento que permitan modificarla o revocarla si cambian las condiciones del mercado.
El organismo también pide aclarar qué operadores estarán sujetos a la obligación, especialmente en relación con la posible exclusión de las almazaras de pequeña dimensión, y evitar el intercambio de información comercial sensible entre empresas.
Dos prioridades ante la evolución del mercado
Mientras las organizaciones agrarias defienden la aplicación inmediata del almacenamiento como herramienta para sostener las cotizaciones en origen, la CNMC pone el foco en la necesidad de evitar restricciones innecesarias y posibles perjuicios para los consumidores, especialmente aquellos con menor renta.
El debate se produce en un momento clave para el sector, ya que la producción de aceite durante el mes de octubre adquiere cada vez mayor importancia en el comportamiento del mercado. Para ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, retrasar la publicación de la norma puede comprometer su eficacia y generar desigualdades entre operadores.
Las organizaciones consideran que no es admisible que los agricultores comercialicen su producción por debajo de los costes, poniendo en riesgo la viabilidad económica de sus explotaciones y el futuro de un sector estratégico para numerosas zonas rurales españolas.
La decisión del Ministerio deberá determinar cómo se aplica el mecanismo de almacenamiento, con qué porcentaje y bajo qué condiciones, en un escenario en el que el sector busca frenar la caída de los precios y el organismo de competencia reclama garantías para evitar efectos adversos sobre el mercado y los consumidores.
