El Consejo de Ministros ha aprobado este 10 de noviembre un paquete de medidas urgentes para paliar los destrozos que la dana Adam dejó en el campo los pasados 18 y 19 de octubre. El Ejecutivo ha movilizado un total de 88,7 millones de euros que se articulan en tres grandes bloques: reparación de infraestructuras, ayudas directas ligadas al seguro agrario y líneas de financiación bonificada.
La partida más cuantiosa, dotada con 85 millones de euros, se destinará a la reparación de emergencia de caminos rurales e instalaciones de riego. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado a la empresa pública Seiasa para ejecutar estos trabajos mediante contratos de emergencia. Para que las obras puedan arrancar, los alcaldes de los municipios afectados y los presidentes de las comunidades de regantes deberán comunicar la existencia y el alcance de los daños en el plazo que establece el real decreto-ley.
Alivio fiscal y apoyo al seguro agrario
En cuanto al apoyo directo a los agricultores, el Gobierno ha decidido aliviar la carga del seguro agrario para fomentar su uso frente a los fenómenos climáticos extremos. Se subvencionará hasta el 70% del coste de la póliza, el tope máximo que permite la normativa comunitaria. Además, se cubrirá la franquicia, es decir, los daños que queden fuera de la indemnización habitual de la aseguradora.
Estas ayudas se tramitarán de oficio para todos los titulares de pólizas que reportaron siniestros entre el 17 y el 19 de octubre. El Ejecutivo ha confirmado que estas compensaciones estarán exentas de tributación, garantizando que el dinero llegue íntegro al bolsillo del productor para resarcirle de las pérdidas no cubiertas.
Liquidez y blindaje fiscal
Para aquellos agricultores y ganaderos que necesiten liquidez inmediata para reactivar sus explotaciones, se amplían los plazos y el ámbito de aplicación de la línea de financiación ICO-MAPA-SAECA. Los créditos que se soliciten contarán con una ayuda a fondo perdido equivalente al 15% del principal, y los afectados quedarán exentos de tener que asumir los costes de los avales.
Por último, el texto aprobado hoy modifica la fiscalidad de las catástrofes naturales. Con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, quedarán exentas del IRPF las ayudas públicas concedidas por comunidades autónomas y entidades locales por daños derivados de incendios, inundaciones, hundimientos o erupciones volcánicas. Esta exención se aplicará siempre que los beneficiarios y requisitos sean equivalentes a los establecidos por el Estado para la misma catástrofe.
