El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado su posición sobre la propuesta de la Comisión Europea relativa a la modificación de la OCM Única y otros reglamentos de la PAC, entre ellos el relativo a los Planes Estratégicos (PEPAC).
La Eurocámara ha respaldado, con 532 votos a favor, 78 en contra y 25 abstenciones, la propuesta de la Comisión para establecer la obligación de contratos por escrito en la cadena alimentaria en toda la Unión Europea, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y la transparencia entre todos los actores, especialmente los agricultores.
Aunque el Parlamento prevé que los Estados miembros puedan establecer excepciones y la situación en España no se vea afectada de forma directa, dado que la Ley de la Cadena Alimentaria española es más rigurosa, Cooperativas Agroalimentarias de España considera que esta disposición supone un paso adelante.
La medida contribuirá a reforzar las reglas del mercado único, destino de aproximadamente el 70% de las exportaciones agroalimentarias españolas, y facilitará una mayor armonización normativa, reduciendo costes, barreras burocráticas y posibles conflictos comerciales entre operadores de distintos Estados miembros.
En materia de contratación, Cooperativas Agroalimentarias de España lamenta que el Parlamento Europeo haya rechazado las enmiendas propuestas en el Pleno sobre la excepción total de la contratación de las cooperativas con sus socios, y haya aprobado que las cooperativas deban incorporar en sus estatutos disposiciones con objetivos similares a los contratos de compraventa privados en su relación con los socios.
Cooperativas Agroalimentarias de España rechaza firmemente esta medida, ya que la relación socio–cooperativa no puede considerarse una relación comercial, sino societaria y mutualista. Las cooperativas son empresas creadas y gobernadas democráticamente por sus socios y socias agricultores, que ya disponen de reglas internas y procesos más garantistas que la propia normativa comercial. La relación entre el socio y su cooperativa debería quedar fuera de cualquier tipo de regulación contractual, ya que son los socios los que, de forma democrática, eligen las disposiciones en materia de entrega y liquidación de sus productos, plazos, precios, retornos cooperativos, etc.
Por tanto, imponer obligaciones contractuales entre el socio y su cooperativa «atentaría contra los principios básicos del cooperativismo, incrementaría la burocracia y los costes de gestión, y supondría un retroceso en el reconocimiento institucional de estas entidades».
Esta disposición, además, «contradice múltiples informes y declaraciones del Consejo, Parlamento y Comisión Europea que reconocen y apoyan el papel de las cooperativas, como la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de la agricultura (febrero 2025), o el Informe del Consejo sobre bioeconomía (2024) o los informes del Parlamento Europeo sobre jóvenes y zonas rurales. Sin embargo, lo aprobado por el Parlamento Europeo es más flexible para las cooperativas que la posición del Consejo al respecto».
Además, Cooperativas Agroalimentarias de España lamenta la aprobación de una enmienda que permite a los agricultores ser socios de varias cooperativas y organizaciones de productores para un mismo producto, aunque con destinos diferentes (fresco, transformación, etc.).
La organización considera que esta disposición debilita la concentración de la oferta y reduce la capacidad de comercialización conjunta de las cooperativas, un elemento esencial para mejorar la posición de los productores en la cadena alimentaria.
«Las cooperativas deben tener la capacidad de decidir, en función de su estrategia comercial, el destino más adecuado del producto, con el fin de obtener el máximo valor añadido y beneficiar así directamente a sus socias y socios agricultores. Dado que esta disposición no figura en la posición del Consejo, confiamos en que sea finalmente rechazada durante la negociación en los trílogos», señala.
No obstante, el informe aprobado por el Parlamento Europeo incluye avances relevantes para el sector agrario, muchos de ellos impulsados por Cooperativas Agroalimentarias de España.
Entre ellos destacan la protección jurídica de los productos cárnicos y sus derivados; la inclusión de la carne de ovino, porcino y avícola como productos elegibles para la intervención pública; el refuerzo de los mecanismos de gestión de crisis del mercado agrario; y la posibilidad de establecer el etiquetado de origen para ciertos productos, como el arroz, clave para España.
Cooperativas Agroalimentarias de España agradece el trabajo de los eurodiputados y españoles miembros de la Comisión de Agricultura, en especial a Cristina Maestre, ponente “en la sombra” del Grupo S&D en este dossier.
La organización continuará trabajando activamente comunicando y promocionando las especificidades del modelo cooperativo agroalimentario durante los próximos trílogos entre el Consejo, Parlamento y Comisión Europea, con el fin de asegurar que las futuras normas europeas respeten la naturaleza y valores de las cooperativas y su papel para mejorar la posición de los productores en la cadena de valor.
