Los agricultores de Castilla-La Mancha denuncian que se enfrentan a una situación crítica: mientras ven pasar el agua del Tajo hacia otras regiones, no pueden utilizarla en sus campos, lo que convierte a amplias zonas de la comunidad “en un secano insostenible”.
Esta realidad amenaza la viabilidad de cultivos fundamentales como viña, olivar, almendro y pistacho.
El hidrogeólogo Francisco Turrión, con más de 30 años de experiencia en la Confederación Hidrográfica del Segura, ha denunciado con contundencia que el actual sistema de trasvases “prioriza intereses industriales y fondos de inversión” sobre la supervivencia de los agricultores y la vida en Castilla-La Mancha.
Según Turrión, su trabajo científico ha sido “sistemáticamente desacreditado” por cuestionar la versión oficial, pero su base técnica es sólida y avala sus alertas sobre la gestión injusta del agua.
“No podemos consentir que el agua del Tajo-Segura se destine a cultivos industriales en otras regiones, mientras que nuestros cultivos sociales —que crean mano de obra y fijan población—, como viñas, olivos, almendros y pistachos, se secan. Esta agua es de Castilla-La Mancha y debe servir a los agricultores y a la vida en nuestros pueblos”, subraya.
El contexto legal reciente refuerza la crítica: el Tribunal Supremo ha confirmado la validez de los caudales ecológicos del Tajo, y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado al Ejecutivo central que modifique las reglas de explotación del trasvase, con el objetivo de proteger la cuenca y garantizar el uso “justo” del agua para quienes realmente dependen de ella.
Desde Castilla-La Mancha se defiende con firmeza que el agua no debe ser un instrumento de especulación ni un recurso “que favorezca a grandes intereses” a costa de la agricultura tradicional, y se exige que los recursos hídricos se destinen a garantizar la supervivencia y sostenibilidad de los agricultores locales.
