Rafael Sáez. Itacyl
El regadío en España supone un motor clave para la producción vegetal de alto valor en el país ya que aporta casi el 2,4% del PIB total de España. Además, emplea aproximadamente al 4% de la población ocupada. La aportación al sector agrario es muy notable considerándose el factor más decisivo en la economía agraria ya que aporta más del 50% de la producción final agraria de España. El 73,1% del valor de la producción vegetal, genera una renta que es 4 veces superior por hectárea que la de secano y contribuye al 66,2% de la renta empresarial del sector agrario (periodo 2021-2023).
En Castilla y León, la relevancia del sector primario y agroalimentario en su conjunto es significativamente mayor que la media nacional. El sector primario (agricultura, ganadería, etc.) representa aproximadamente el 5,2% del PIB de Castilla y León, una cifra notablemente superior a la media nacional (cercana al 2,6%). Y la industria agroalimentaria de Castilla y León, que depende en gran medida de las materias primas de calidad. Además, el volumen que proporciona el regadío, aporta, junto con el sector agrario, más del 10% del PIB regional. El regadío es crucial para mantener esta especialización. Es una herramienta efectiva contra la despoblación; la densidad de población en áreas regables es hasta tres veces mayor que en zonas de secano.
Especialmente en las zonas de regadío de aguas subterráneas, esta garantía de producción de materias primas de calidad y volumen impulsa el desarrollo de una potente industria agroalimentaria de transformación. Asimismo, las actividades de regadío intensivo y las industrias asociadas generan un elevado número de empleos directos e indirectos en comparación con el secano, convirtiéndose en el principal motor económico de muchos territorios rurales.
En Castilla y León
Las zonas de regadío con aguas subterráneas suponen casi el 30% de la superficie regable de Castilla y León. Cuenta con unas 160.000 hectáreas y son un recurso hídrico estratégico para el regadío en la Comunidad. Esto permiten la agricultura en zonas con escasez de agua superficial, pero generalmente con buenos suelos y condiciones climáticas para el desarrollo de cultivos de alto valor añadido. Tienen una rentabilidad por hectárea muy por encima de la media del secano. Además, facilitan la especialización en cultivos de alto valor añadido, como hortalizas, frutales o viveros. Como ejemplo de gestión tenemos el uso del acuífero de los Arenales en el Carracillo, que ha creado una horticultura líder a nivel nacional (puerro, zanahoria o planta madre de fresa) y de gran tecnificación, lo que se traduce en mayor riqueza por unidad de superficie. Es un ejemplo de la riqueza social y económica que pueden generar estos recursos.
Son regadíos tecnificados donde prima la eficiencia en el uso del agua y donde el coste de producción, fundamentalmente la energía, está poniendo en jaque la viabilidad de algunos cultivos. Además, esta circunstancia se ha visto agravada por descensos en niveles piezométricos en épocas pasadas, que incrementaban estos costes.
Sin embargo, es destacable también que, desde hace veinte años, los niveles piezométricos se han mantenido estables o incluso muestran tendencias de recuperación en acuíferos. Esto se debe gracias a una gestión más eficiente y a la reducción de extracciones por la pérdida de rentabilidad de algunos cultivos. No cabe duda de que para los regantes de aguas subterráneas es muy importante garantizar el futuro de estos regadíos. Por lo que hay que optimizar los aprovechamientos y conseguir que sean duraderos, pero partiendo de la tendencia que hemos puesto de manifiesto.
Una adecuada planificación hidrológica
Parece entonces una necesidad de mantener el uso de estos recursos en nuestras condiciones, lo que requiere una adecuada planificación hidrológica que verdaderamente persiga este objetivo.
Los objetivos establecidos en la normativa española para la planificación hidrológica se establecen en el Reglamento. Éste contempla que se deben centrar en conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico. Además de las aguas objeto del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. La satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso. Protegiendo además su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. En definitiva, es el equilibrio en la consecución de los diferentes objetivos lo que debe perseguirse.
Hacia una gestión integrada
Lo que exige la Directiva Marco del Agua, en la que se basan los Planes Hidrológicos, no es “acabar con el regadío con aguas subterráneas”, sino gestionar de forma estricta, medible y participativa las extracciones para garantizar la sostenibilidad del acuífero. Por tanto, en aguas subterráneas no es coherente aplicar en el sur de Europa un modelo pensado para el norte. Si la UE financia el regadío eficiente, como son los regadíos con aguas subterráneas, la planificación hidrológica no debería penalizarlo globalmente, sino integrarlo para lograr un uso racional y medible. En definitiva, los planes hidrológicos han de estar concebidos para dar solución a estos problemas en cada territorio.
Para atender las necesidades de estos regadíos, en función de la situación de las masas de agua en las que se asientan, deben afrontarse actuaciones que consigan que la evolución favorable en los niveles se mantenga. Pero al tiempo se consiga garantizar el uso de los recursos sin reducir la actividad. El nuevo ciclo de planificación en el que estamos inmersos constituye una oportunidad para lograr este objetivo. La planificación debe garantizar las demandas, incorporando el regadío como elemento esencial del desarrollo sostenible. Garantizando además su viabilidad, cuestión que en los últimos planes se ha visto muy arrinconada.
Gestión integrada
Debemos apostar por una gestión integrada de aguas subterráneas y superficiales. Para que permita mejorar aún más los niveles piezométricos reduciendo la presión mediante aportes externos. Para esto se hace necesario el incremento de regulaciones en algunas zonas, si se quiere verdaderamente dar solución a este tema. En la cuenca del Duero se han manejado soluciones como la regulación del río Cega en Lastras de Cuellar, recrecimiento de Santa Teresa en el río Tormes, o las balsas laterales de Tordesillas.
Estas propuestas fueron realizadas por la Junta de Castilla y León al PHD vigente, no siendo aceptadas, lo que supone que la planificación renunció a buscar soluciones a medio y largo plazo, por lo que el plan en este aspecto no cumple, a nuestro modo de ver, la misión de tratar de resolver en el futuro este problema de las aguas subterráneas, que se mantendrá en el futuro, y llevará sucesivamente a la aplicación de nuevas restricciones y reducciones en el uso de estos recursos.
Tenemos por tanto un reto por delante para abordar estas limitaciones en el nuevo plan hidrológico de cuarto ciclo (2028-2033), que entendemos puede garantizar las demandas del regadío sin la necesidad de adoptar medidas de reducción del uso.
El papel de las CUAS
La gestión de estos recursos con Comunidades de Usuarios (CUAS) ordena el aprovechamiento de agua en una superficie potencial de riego de más de 90.000 hectáreas en la cuenca del Duero. La gestión de estas CUAS debe prever el uso sostenible de las aguas subterráneas de forma equiparable a las aguas superficiales y no deben diseñarse únicamente bajo criterios limitativos, sino desde un punto de vista sostenible para que puedan generar beneficios económicos, medioambientales y sociales.
Las posibles limitaciones al uso de aguas subterráneas deben analizarse con profundidad, evaluando de forma rigurosa su repercusión sobre las explotaciones. La aplicación de figuras como los peajes, o la paralización de concesiones sin analizar previamente el impacto que supondrá, pueden generar consecuencias económicas
y sociales negativas muy relevantes.
