Los regantes del Segura han propuesto una moratoria para adaptar sus explotaciones al ya inminente recorte en el agua para riego, un escenario de pesadilla en el que perderán 318 hectómetros cúbicos al año. Esa es la cifra resultante de sumar los recortes en el empleo de aguas subterráneas (213 hm3) y los del Trasvase Tajo-Segura (105 hm3), ambos previstos para el año 2027.
La medida será un varapalo sin precedentes para una de las zonas de agricultura más eficiente de España, en la que se da empleo a más de 100.000 personas.
Solo hablando de aguas subterráneas, el peso económico de ese regadío en la provincia de Alicante es de 114 millones de euros al año, mientras en la Región de Murcia es de 320 millones, según la Universidad de Alicante.
El 87% del agua en la cuenca del Segura es de uso agrario. Cuenta con 63 masas de agua subterránea integradas en 244 acuíferos.
La única alternativa ofrecida por el Gobierno central reside en las desaladoras, pero según Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), se habían comprometido 1.300 millones de euros para estructuras desaladoras, de los que en 2027 se habrán ejecutado menos de 90 millones.
“El agua del trasvase desde el río Tajo supone un recurso fundamental para el sector agrícola del sureste y levante español, una de las zonas de mayor producción hortofrutícola de Europa”, como se señala en el informe sobre el ‘Impacto socioeconómico del trasvase Tajo-Segura en España’, elaborado por la consultora PwC.
El documento apunta que el agua del trasvase abastece a 2,5 millones de personas y para el riego de 132.723 hectáreas de cultivos de gran valor, desde hortalizas hasta frutales. Son 44 millones de árboles frutales y 70.000 hectáreas de hortícolas que suponen un freno para la desertización”, destaca el documento. También suponen el principal sumidero de CO2 del sudeste español, al permitir la eliminación de 1,2 millones de toneladas de carbono al año.
El agua del trasvase ahora cuestionado supone el 34,7% de la superficie total de cultivo en la provincia de Alicante y el 31,4% en la Región de Murcia. Esa agua llega hasta Almería, aunque allí supone cerca del 1,5%.
En Alicante el 67,2% de la superficie regada por el trasvase se destina a cítricos, mientras que en Murcia el 45% corresponde a hortalizas y el 50,6% de dedica a cítricos y frutales. El 70% de la ingente producción obtenida en la cuenca se destina a exportación.
Como se recuerda en el informe elaborado por PwC, con la aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Tajo y su calendario progresivo hasta 2027, “los caudales ecológicos del Tajo se incrementarán hasta alcanzar los 8,65 m³/s en Aranjuez”. Este aumento implica que más agua debe quedarse en el propio río Tajo, reduciendo así la cantidad disponible para trasvasar.
Las nuevas reglas de explotación del trasvase, diseñadas para el cumplimiento de estos caudales, “complementan este recorte al elevar los umbrales mínimos de agua en los embalses, y al restringir severamente el trasvase para regadío, sobre todo en los niveles 2 y 3 (los más frecuentes en la última década)”.
Mientras antes se podía trasvasar más con caudales ecológicos bajos, las nuevas reglas rompen la estabilidad de la agricultura del sureste español. La próxima asamblea del sindicato Scrats está prevista para el 11 de noviembre en Lorca (Murcia).
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Imagen principal: Alejandro Navarro
