El Gobierno y las comunidades autónomas han fijado una postura común unitaria de cara al próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea en Luxemburgo, con el objetivo de defender con firmeza los intereses de los sectores agrario y pesquero españoles frente a los planes actuales de la Comisión Europea (CE). A través de los Consejos Consultivos de Política Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios, presididos por el ministro Luis Planas, las administraciones españolas han coordinado un mensaje inflexible que exige alternativas reales y viables a las propuestas de Bruselas.
«Falta de seriedad» y excesiva burocracia
El eje central de la jornada agrícola ha sido la propuesta europea para paliar el severo encarecimiento de los fertilizantes, disparados a raíz del impacto de la guerra en Oriente Próximo. Aunque España valora positivamente que Bruselas intente buscar soluciones, el Ministerio de Agricultura se ha mostrado muy crítico con la falta de recursos económicos reales. «Es poco serio que el plan de fertilizantes de la CE no cuente con una dotación adicional», ha aseverado el ministro.
La Comisión pretende que los Estados miembros modifiquen sus planes estratégicos de la PAC para rascar fondos, un mecanismo que el Ejecutivo español tacha de «muy rígido» y con plazos administrativos excesivamente largos que chocan directamente con la urgencia que viven los agricultores sobre el terreno.
Para cambiar el rumbo de esta iniciativa, España acudirá a Luxemburgo respaldada por el esfuerzo presupuestario nacional ya realizado, que asciende a un paquete de 877 millones de euros de los cuales 500 millones se han destinado específicamente a mitigar el sobrecoste del abono. Con este aval, el Ejecutivo exigirá modificaciones de calado al plan de la Comisión Europea.
Entre las principales reclamaciones destaca que las ayudas públicas cubran el 100% de los costes adicionales
Entre las principales reclamaciones destaca que las ayudas públicas cubran el 100% de los costes adicionales en lugar del margen de entre el 50% y el 80% propuesto por Bruselas, así como la eliminación del límite del 200% impuesto a la financiación nacional complementaria respecto a las ayudas de la UE. Asimismo, se solicitará elevar la tasa de aportación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para aliviar de forma efectiva las arcas nacionales y autonómicas.
Pesca para 2027
En el bloque pesquero, las noticias de partida son notablemente optimistas: los informes técnicos constatan la buena salud y la recuperación de las poblaciones biológicas en las aguas ibéricas, el Golfo de Vizcaya y el Mediterráneo. Un éxito que las administraciones han atribuido directamente al esfuerzo y sacrificio del sector.
Sin embargo, ante el debate de las orientaciones para las posibilidades de pesca de 2027, España ha establecido una barrera infranqueable en defensa de sus pescadores. «No podemos aceptar más reducciones de esfuerzo», ha advertido el ministro en referencia al caladero mediterráneo, reclamando que se priorice la selectividad de las artes de pesca y las medidas compensatorias antes que los amarres forzosos.
La delegación española defenderá ante sus homólogos europeos un giro urgente en la evaluación de la Política Pesquera Común (PPC). El Gobierno sostiene que, una vez demostrados y consolidados los avances en materia de sostenibilidad medioambiental, la Unión Europea debe empezar a priorizar obligatoriamente los pilares social y económico para garantizar la rentabilidad de la flota costera.
