La Ley de la Cadena Alimentaria sigue en boca de todos. La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha denunciado en repetidas ocasiones el “incumplimiento reiterado” de este reglamento en el sector agrícola, donde las corporaciones más grandes, específicamente las integradoras, “abusan de su poder para establecer condiciones y precios en los contratos, sin dar ninguna posibilidad al sector ganadero de negociar”.
Han demandado al ministerio una mejora y un seguimiento riguroso de la Ley de la Cadena, con el objetivo de prevenir la “posición dominante que adoptan las empresas del sector”. Asimismo, “es imperativo establecer con urgencia costes de producción oficiales como punto de referencia para supervisar que los contratos no se acuerden por debajo de estos costes, garantizando así la sostenibilidad de las granjas”, avanzan.
“El hecho de relacionar los contratos en base a kilogramos por metro cuadrado en lugar de por número de animales que se introdujo hace varios años marcó un punto de inflexión en los márgenes de rentabilidad de las granjas avícolas”, prosiguen.
Si las integradoras desvinculan la producción del número de animales, los ganaderos proponen una “alternativa” donde se establezca un montante económico por superficie. “Podría ser una cantidad de 8€ por metro cuadrado para 5/6 lotes”.
Para el sector avícola, los contratos que ofrecen las integradoras reflejan una gran “incongruencia” al no asumir responsabilidad sobre los animales que son de su propiedad, dejando en manos del ganadero todas las obligaciones y sobrecostes relacionados con la gestión de residuos, control de enfermedades y seguro de los animales.
Situación “catastrófica” para el sector
En los últimos años, las exigencias en materia medioambiental, sanitaria y de bienestar animal en las granjas han aumentado considerablemente. A pesar de ello, “las empresas integradoras siguen manteniendo los mismos precios de contrato desde hace más de diez años”.
Sumado a esto, el aumento significativo de los costes de producción, principalmente debido al encarecimiento de la energía, maquinaria, medicamentos, entre otros, ha llevado al sector a una situación “catastrófica”. Cada semana, numerosas granjas se ven obligadas a cerrar sus puertas.
El sector lamenta la actitud “cicatera y tacaña” de las integradoras avícolas, quienes, incluso en un momento de alta demanda de carne de pollo como el actual, “presionan a los ganaderos hasta límites inaceptables con las condiciones económicas que les ofrecen por su labor, exigiendo además disponibilidad las 24 horas”.
También se denuncia la “pasividad” persistente del Ministerio de Agricultura en abordar de manera efectiva la implementación de la Ley de la Cadena Alimentaria, para prevenir la posición dominante y establecer costes de producción oficiales como punto de referencia para evitar aceptar contratos que resulten en ventas a pérdida, acción prohibida por la ley y que no recibe la debida supervisión.
Para finalizar, también piden que se reconozca la importancia del ganadero integrado en lugar de ser catalogado simplemente como un “prestador de servicios”, como las integradoras contemplan a los ganaderos.
