Las principales organizaciones ganaderas, agroalimentarias y veterinarias de España han expresado su preocupación por los cambios en los reglamentos europeos sobre Bienestar Animal.
Anice, Anprogapor, Apromar, Asaja, Aseprhu, Asoprovac, Avianza, Cesfac, COAG, Cooperativas agroalimentarias de España, Federovo, Intercun, UPA y Veteindustria se han unido para enviar un comunicado conjunto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, instándolo a rechazar el nuevo Reglamento Europeo que modifica las normas vigentes sobre la protección de los animales durante el transporte y operaciones relacionadas.
Estas organizaciones argumentan que el nuevo reglamento “carece de una base científica sólida y no garantiza una mejora en el bienestar de los animales durante el transporte en comparación con la normativa actual”. Consideran que la propuesta no ha sido “suficientemente desarrollada” y que no se han evaluado adecuadamente sus impactos sociales, económicos y medioambientales. Además, sugieren que la solución se encuentra en mejorar la implementación del marco legal actual, “que es el más exigente del mundo, lo que permitiría continuar mejorando el bienestar de los animales”, aseguran.
“Las exigentes medidas del nuevo reglamento arriesgarían la sostenibilidad económica de muchas áreas rurales en territorios más desfavorecidos y despoblados, reducirían la diversidad cultural y beneficiarían los intereses de países que ocupan una posición privilegiada para el comercio de animales, mientras se condenaría a los países periféricos (y a los territorios insulares) a una grave desventaja competitiva, que soportarían costes desproporcionados”, manifiestan.
Por estas razones, las organizaciones califican esta propuesta de “incoherente” y piden “enérgicamente que la posición de España ante el Consejo sea la de rechazar la propuesta y exigir su retirada, oponiéndose frontalmente a la misma, por los graves daños que ocasionaría a la producción ganadera española, a la cadena de valor de los alimentos de origen animal, a los ciudadanos (productores o consumidores), a la economía y al desarrollo rural de nuestro país, a su cultura gastronómica y al modelo productivo español.
Consecuencias para España
España es uno de los principales países productores de la Unión Europea y cumplir con esta nueva normativa implicaría, según las organizaciones, “reducir la capacidad productiva y la competitividad de la producción ganadera y de alimentos de origen animal en nuestro país”.
Este Reglamento “no es viable” para los ganaderos porque “impide el comercio justo y equilibrado” entre los principales miembros de la Unión Europea y supone una “carga administrativa sin precedentes”. Además, argumentan que el sector de la producción animal español “sufre una clara discriminación por su situación geográfica y condicionantes naturales”.
Por otro lado, los portavoces de las organizaciones señalan que “las dificultades para transportar animales durante el día en períodos largos del año obligarán a los trabajadores del sector ganadero y actividades conexas a trabajar más horas durante la noche”.
Por último, ¡habría una disminución de las exportaciones” si progresa la propuesta y una “inflación y disminución de los ingresos del Estado”, concluyen.
