La denominada operación “Pacquiao” de la Guardia Civil ha investigado a 30 personas (22 físicas y 8 jurídicas), por fraude en el cobro de subvenciones de la Política Agraria Común (PAC), vinculadas a la sanidad y el bienestar animal. Como ha asegurado la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, 29 de los 30 investigados son de Castilla y León.
En junio de 2022 comenzaron las investigaciones, momento en el que se observó la existencia de una trama que falseaba las condiciones necesarias para la obtención ilícita de ayudas de la PAC, presuntamente en connivencia con personal de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.
45.000 euros de beneficio por ganadero al año
Los investigados solicitaban la ayuda de la PAC simulando la realización de pastoreo en diferentes territorios de la provincia de Palencia. Estos ganaderos poseían explotaciones de ganado vacuno intensivas para conseguir el engorde de los animales lo más rápido posible. Por esta razón, estos animales nunca llegaban a pastar en las tierras objeto de la ayuda.
Los implicados simulaban que pastaban en unos terrenos cuando el ganado nunca salía de las explotaciones intensivas realmente, y recibían una cantidad anual, ilícita, de unos 45.000 euros por ganadero.
Además, se demostró que los pastos por los que se recibían las ayudas de la PAC eran reasignados de manera ilícita a ganaderos del sur de España, que poseían ganado de abasto que trasladaban a los citados pastos para realizar la trashumancia.
De esta manera se obtenía un doble beneficio ilícito por los pastos, ya que eran aprovechados por otros ganaderos que tenían que pagar por su uso.
Operaciones encabezadas por una trama familiar
El jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC) era la cabeza de este fraude, y era el encargado en primera persona de la validación y gestión de los diferentes expedientes fraudulentos.
Además, la veterinaria que se encargaba de la inspección del ganado no realizó ninguna inspección de campo en el periodo durante el que se cometieron los ilícitos investigados, que casualmente era la pareja sentimental del jefe de la SAC. Y el presidente de la Junta Vecinal, hermano del jefe de la SAC, emitía certificados de uso de pastos fraudulentos (documento oficial obligatorio de cara a la solicitud de las ayudas).
Por otro lado, una serie de personas relacionadas con el jefe de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa del ganadero se encargaban de conseguir a los ganaderos solicitantes de las ayudas, en diferentes provincias, realizando las gestiones necesarias para la obtención por parte de los ganaderos del beneficio ilícito.
El beneficio económico obtenido rondaría una estimación de un millón de euros y la investigación patrimonial realizada en paralelo ha culminado con la creación de un inventario judicial compuesto por 96 inmuebles, que han sido congelados a los investigados por un valor superior a los cuatro millones de euros, con el objetivo de hacer frente a las responsabilidades patrimoniales derivadas de la comisión de los ilícitos.
A los investigados se les acusa de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.
Las irregularidades en el cobro de las subvenciones se han detectado en ganaderos de las provincias de Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria.
