Varias decenas de agricultores, convocados por Asaja, UPA y COAG, se concentran este lunes en el puerto de Santander en protesta por la importación “masiva” y el almacenamiento de cereales de Ucrania libres de aranceles.
La ausencia de arancel está situando los precios del cereal “por debajo de los costes de producción, algo que va en contra de la Ley de la Cadena Alimentaria y que está ahogando a los productores de cereal de España, problema que padecen de manera especial provincias como Palencia, donde este cultivo es del predominante”, señalan los convocantes.
Las organizaciones agrarias reclaman que se “inmovilice” la enorme cantidad de cereal ya acumulada en el puerto de Santander hasta que se le pueda aplicar de nuevo aranceles, “así como a la futura mercancía que pudiera seguir llegando de Ucrania”.
La protesta se enmarca dentro de la movilización que se va a llevar a cabo a nivel europeo en contra de prorrogar un año más la exención de arancel para las importaciones de Ucrania como medida de apoyo al país agredido en la guerra que comenzó el 24 de febrero de 2022.
Los embajadores de los estados comunitarios respaldaron el 21 de febrero prolongar un año más (es decir, del 6 de junio de 2024 al 5 de junio de 2025) la suspensión de los aranceles a las exportaciones ucranianas.
La Comisión Europea propuso el 31 de enero prorrogar esa suspensión y los contingentes sobre las exportaciones ucranianas a la UE, pero introdujo salvaguardas si uno o más países vean afectados sus mercados agrícolas, tras las protestas en cinco países cercanos a Ucrania.
Agricultores de Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía se han quejado de que el aumento de importaciones agroalimentarias de Ucrania supone una competencia a la que no pueden hacer frente, “algo que también sucede en España”, apuntan los convocantes.
El pleno del Parlamento Europeo espera pronunciarse en una de las sesiones de abril. Si la Eurocámara no introduce enmiendas en el texto, el Consejo Europeo adoptará la prórroga, por lo que el sector agrario de los países miembros está movilizándose a nivel comunitario para que no se prolongue una exención “que está minando la viabilidad de la agricultura cerealista en España”.
