Cooperativas Agro-alimentarias de España, solicita formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la puesta en marcha de medidas urgentes y excepcionales que permitan la utilización de materias activas imprescindibles para la sanidad vegetal del arroz. La actual situación de desventaja competitiva, provocada por restricciones fitosanitarias no armonizadas entre los Estados miembros de la Unión Europea, pero, también, en terceros países, pone en grave riesgo la viabilidad del cultivo en España.
España, junto con otros países del sur de Europa como Italia, Francia, Portugal y Grecia, viene soportando una pérdida continuada de superficie de cultivo de arroz. En la última década ha descendido más de un 24 % a nivel europeo. Mientras tanto, aumentan las importaciones de arroz procedentes de terceros países, donde los requisitos fitosanitarios y laborales son mucho más laxos.
«Las cooperativas están al límite. No se puede exigir una producción sostenible sin proporcionar herramientas eficaces para proteger los cultivos», ha señalado Félix Liviano, presidente del sector del arroz de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
En particular, Cooperativas Agro-alimentarias de España solicitó al Ministerio, a través de las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas con producción de arroz (Andalucía, Aragón y Extremadura), al amparo del artículo 53 del Reglamento (CE) 1107/2009, la autorización con carácter de urgencia para el uso excepcional del herbicida AURA (Profoxidim 20%), un producto que sí ha sido permitido en países productores de arroz europeos, como Italia, Grecia y Portugal, como materia activa imprescindible para la lucha contra las malas hierbas.
La solicitud de este uso excepcional se realizó de manera argumentada, limitándola a entre un 10 – 15% de la superficie de arroz española, justo donde el empleo de esta materia activa resulta imprescindible. Cooperativas Agro-alimentarias de España ha solicitado en innumerables ocasiones que se aplique el principio de reciprocidad con los productos importados, cuestión que se agrava más en la propia UE autorizando a unos países y a otros no para un mismo cultivo.
La Comisión Europea ha anunciado recientemente que ha logrado alcanzar el objetivo de reducir el uso de plaguicidas químicos antes de la fecha prevista (un 50% para 2030) llegando, incluso, al 58% en 2023 y España ha cumplido ese objetivo.
La falta de autorización para utilizar ciertas materias activas impide controlar eficazmente plagas y malas hierbas que afectan gravemente a los rendimientos y, por tanto, a la rentabilidad del cultivo que, sin las mismas, está condenado a desaparecer. En muchos casos, no existen alternativas viables en el mercado español, lo que genera una situación de desigualdad con respecto a otros Estados miembros que sí autorizan su uso de manera puntual o permanente.
El cultivo del arroz no solo es esencial desde el punto de vista económico y social para las zonas rurales donde se asienta, sino que también desempeña un papel fundamental en la conservación de humedales, espacios protegidos y hábitats de aves acuáticas.
«Sin una respuesta decidida y urgente, estamos abocados a la desaparición del cultivo del arroz en nuestro país, con todas las consecuencias que ello conlleva para el empleo, el territorio y el medioambiente», concluye Félix Liviano.
