Varios de los escenarios posibles incluyen una reducción de fondos, pero desde la Consejería de Agricultura se pide “no tomar decisiones precipitadas”
Las espadas están en alto ante el diseño de la fututa PAC, que estará vigente a partir de 2020. Los vientos que soplan desde Bruselas parecen hablar de una reducción en los fondos destinados a la agricultura y la ganadería, aunque el debate se va a centrar en tres escenarios posibles: un sistema como el actual, un recorte del 15% y uno más drástico, del 30%, que según los expertos se traduciría en una reducción de más del 10% en los ingresos agrarios medios.
El director general de PAC de la Junta, Pedro Medina, que recientemente ha participado en una Jornada Técnica de la Remolacha, pidió a los presentes “cautela, porque primero hay que saber de qué fondos dispondremos”. “Tengamos tranquilidad, no vayamos a hacer barbaridades como empezar a comprar derechos solo porque se diga por ahí que quien más derechos tenga va a cobrar más ayudas”, advirtió.
Uno de los puntos calientes de la PAC 2020 está en las propuestas de renacionalizar esa política agraria: que deje der una materia europea y que cada estado miembro de la UE haga su política. Para Pedro Medina, sin embargo, “lo lógico es que haya un marco común y que cada Estado tenga sus preferencias: que decida a qué sector apoya y que ponga sus condiciones”.
El martes 27 de febrero se celebra en Valladolid un encuentro en el que responsables de la Unión Europea analizarán por dónde puede ir la política agraria comunitaria
La Consejería de Agricultura y Ganadería ya se ha sentado con las organizaciones agrarias para avanzar en la posición común de Castilla y León ante las negociaciones. En el documento de partida elaborado por la consejería se habla de concertar “la definición de los beneficiarios, las prioridades y los instrumentos de la futura PAC”. El documento habla de respetar el actual nivel de financiación y rechaza cualquier posibilidad de renacionalización.
El objetivo del Ejecutivo regional es disponer de un texto con la posición común antes del encuentro que se celebra en Valladolid el 27 de febrero, donde responsables de la Unión Europea analizarán por dónde puede ir la política agraria comunitaria en el futuro.
La postura de las OPA
Las aportaciones de Asaja hacen hincapié en los mercados, donde debería haber una mayor transparencia y una mejor regulación contractual. También se demanda una mayor simplificación administrativa.
Asimismo, se reclama vincular el cese anticipado en la actividad a la incorporación de jóvenes, “y que los pagos directos reflejen la producción real del agricultor o ganadero”, como señalan desde la organización agraria.
Aurelio Pérez, coordinador regional de COAG, ha reclamado a la Junta que el documento incorpore la figura del agricultor a título principal (ATP) para blindar “a quien verdaderamente se dedica al campo” y no sea “quien deba pagar ese recorte que parece avecinarse, bien del 15, bien del 30% de las ayudas”.
Según Pérez, en los últimos años ese ATP era el principal destinatario de ayudas, como las agroambientales, algo que se eliminó pero que no puede desaparecer también del documento que fije la posición común.
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