Ricardo Ortega
Más de 200 tractores y cerca de 500 personas a pie tomaban este jueves las calles de Valladolid para protestar por la firma del acuerdo con Mercosur, solo pendiente del visto bueno del Parlamento Europeo y que puede crear una zona de libre comercio con 700 millones de consumidores.
Los agricultores y ganaderos españoles solo ven este acuerdo como una agresión más, dada la facilidad para que la producción agraria de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay acceda sin aranceles al mercado comunitario.
Los participantes en la protesta no creen en las salvaguardias levantadas por la UE para que las futuras importaciones no supongan un desplome de los precios ni la entrada masiva de productos obtenidos sin las mismas exigencias que se le imponen al productor europeo.
Al mismo tiempo, vinculaban esta protesta a las movilizaciones ya celebradas contra la forma que va cobrando la PAC que entrará en vigor el 1 de enero de 2028.
Convocaba Unaspi.
Unidad de acción
Es la misma preocupación que ha llevado a las principales organizaciones agrarias a movilizarse entre el 26 y el 30 de enero, con el 29 de enero como jornada central, para defender su futuro y el de la alimentación europea.
Asaja, UPA y COAG impulsan protestas en toda España frente al acuerdo UE-Mercosur, la falta de garantías presupuestarias, el aumento de los costes de producción y una burocracia que asfixia al sector y acaba repercutiendo en los consumidores.
El proceso de movilización contará con concentraciones, tractoradas y actos reivindicativos, que se extenderán por todo el territorio nacional y culminarán con una jornada de movilización general.
Se ha acordado dar flexibilidad a los territorios para que, en función de sus particularidades, puedan elegir la fecha y el formato de las movilizaciones dentro de esa semana.
No obstante, se ha subrayado la importancia de concentrar el mayor número posible de acciones el 29 de enero, con el objetivo de lanzar un mensaje claro y unitario desde todo el campo español.
“Queremos que se vea la fuerza del sector agrario en todo el territorio, con una respuesta coordinada frente a decisiones que nos afectan directamente como sector”, ha señalado el presidente de Asaja, Pedro Barato.
Mercosur: el principal detonante
Uno de los principales motivos de estas movilizaciones es el rechazo frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en su forma actual. La organización considera que se trata de un acuerdo desequilibrado, sin reciprocidad y que genera una clara competencia desleal.
El acuerdo pone en peligro a sectores clave como la carne de vacuno, el azúcar y la remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz o la apicultura, y permite la entrada de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, sin controles suficientes en frontera.
De este modo, el 18 de diciembre las organizaciones profesionales agrarias europeas protestarán en Bruselas, frente al Consejo.
20 de enero: protesta en Estrasburgo, frente al Parlamento Europeo.
Del 26 al 29 de enero: protesta en unidad de acción de las organizaciones agrarias en todo el país, provincia a provincia.
Unión de Uniones, con su propio calendario
Con su propia agenda de movilizaciones, Unión de Uniones insta a la movilización del campo contra las políticas y acuerdos comerciales que perjudican al sector. “No solo pierde el agricultor o el ganadero: pierde el consumidor, pierde la economía local y pierde el país en términos de autonomía alimentaria y seguridad alimentaria”, señalan sus responsables, que han convocado una tractorada para el 11 febrero, culminando así con las movilizaciones que se están dando en Extremadura, Asturias, Castilla y León o Cataluña
Unión de Uniones, como ya anunciara en su última concentración a finales de diciembre de 2025, convoca una gran tractorada para el jueves 11 de febrero “en contra de las políticas que se están defendiendo desde los despachos”, que debilitan “al campo y a la soberanía alimentaria”.
Para la Unión de Uniones, las explotaciones agrarias afrontan desde hace tiempo una combinación muy difícil de sostener entre costes de producción crecientes, desde el inicio de la guerra en Ucrania, que no se ven compensados por los precios percibidos.
Esto, sumando a acuerdos comerciales internacionales, como los de Mercosur, que aún no está todo dicho, o Marruecos, que introducen competencia sin reciprocidad en normas sanitarias, ambientales y laborales y una presión regulatoria cada vez mayor y propuestas de reforma de la Política Agrícola Común y del Marco Financiero Plurianual que, de prosperar, supondrían un recorte del 22% está suponiendo una bajada de la renta agraria, menos recursos y más incertidumbre para quienes producen alimentos y para quienes los consumen.
