Ricardo Ortega
El Programa de Actuación en zonas vulnerables a contaminación por nitratos, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, entró en vigor el 6 de mayo y ha servido para aclarar algunas de las dudas suscitadas en el sector sobre una cuestión más que sensible.
Su Anexo III que establece los aportes máximos de nitrógeno aplicables a los suelos en función del cultivo del que se trate.
Eso sí, con la matización de que, cuando se esperen cosechas superiores a las indicadas, se podrán incrementar las cantidades de forma proporcional a esa expectativa.
Del mismo modo, y en sentido inverso, “si la cosecha esperada fuera menor, se deberá ajustar la dosis proporcionalmente”.
Algunos agricultores han analizado las novedades y han celebrado que la nueva norma les beneficia, en comparación con la anterior, “pero resulta sorprendente porque estamos ante una norma llena de excepciones”, matiza Jaime Fernández Orcajo, jefe del servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la consejería.
La clave está en el plan de abonado
La clave del nuevo marco se basa en la idea de “haga usted un plan de fertilización y aporte aquellos nutrientes que requiera”. De este modo, “si ese plan está bien hecho, en realidad no hay cambios en fertilización con la entrada en vigor de la orden”, subraya el responsable del departamento.
La norma anterior era más restrictiva en cuanto al aporte de nitrógeno, “pero también se indicaba esa libertad en la fertilización, siempre que el profesional se atuviera al plan de abonado”, recuerda. Ese programa es obligatorio en las zonas declaradas vulnerables, mientras que es recomendable en el resto.
Mejorar la gestión de la parcela a través de Sativum
Fernández Orcajo destaca la importancia de aplicaciones para mejorar la gestión y recibir asesoramiento en la toma de decisiones, como en el caso de Sativum, el desarrollo informático diseñado por Itacyl que permite gestionar la información de las parcelas agrícolas.
En ese esfuerzo por aportar los nutrientes que sean necesarios, pero no más, se deben tener en cuenta aspectos como el nitrógeno presente en el agua de riego. “Hemos visto canales de riego con los que se estaba aportando hasta 70 kilos de nitrógeno por hectárea, lo que es una barbaridad, sin que el agricultor lo supiera”.
Cuestiones así están detrás de un sobreabonado, que es lo que se pretende evitar, “cuando analizar el agua tiene un coste de en torno a 20 euros”.
El exceso de uso de fertilizantes nitrogenados (orgánicos e inorgánicos) aparece reflejado en las estadísticas del Ministerio de Agricultura, que cifran en 118.000 toneladas de nitrógeno las utilizadas cada año por encima de las “necesidades reales” de los cultivos en Castilla y León, como recuerda la orden de la Consejería de Medio Ambiente.
“Eso supone que se está produciendo un exceso de nitrógeno de más de 25 kilos por hectárea de superficie agraria y un gasto en las explotaciones agrícolas de aproximadamente 23 millones de euros”, señala.
¿A qué cultivos afecta la orden?
En el sector ha suscitado alguna duda la Disposición Transitoria Primera, según la cual “las prescripciones y limitaciones de la presente orden no se aplicarán sobre los cultivos ya implantados o programados en el año agronómico 2021-2022, en el momento de su entrada en vigor”.
Se entiende que el año agronómico termina el 31 de agosto de 2022, con lo que se ha abierto el debate para interpretar qué abonado de cobertera se puede realizar sobre un maíz o una remolacha sembradas, por ejemplo, en mayo.
Con todo, para Fernández Orcajo la norma es clara al señalar que, “si en el momento de aprobarse la orden había un cultivo ya sembrado, con un programa de abonado ya diseñado, la orden no le será de aplicación”. Su contenido, por lo tanto, se deberá tener en cuenta en los cultivos que se siembren a partir de septiembre.
Ámbito de aplicación
La norma opta por desarrollar un programa de actuación único para todas las zonas vulnerables dado que, aunque se trata de territorios amplios, “desde un punto de vista agronómico son semejantes, disponiendo de zonas de regadíos y de secano en campiñas, páramos con vocación cerealista y de leguminosas y otras, generalmente próximas a los cursos de los ríos, donde se cultiva principalmente remolacha, patata y maíz”.
El programa de actuación es de aplicación a las explotaciones agropecuarias y agentes externos con instalaciones ubicadas en zonas declaradas vulnerables en Castilla y León de acuerdo con el decreto publicado por la Junta en mayo de 2020.
¿Se ampliarán las ‘zonas vulnerables’?
Es muy probable que la normativa sobre zonas vulnerables se aplique a nuevos municipios a medio plazo. El real decreto publicado por el ministerio en enero para la protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias hace que las confederaciones hidrográficas deban elaborar un mapa de zonas “afectadas” por la contaminación por nitratos.
En breve plazo ese nuevo mapa aparecerá publicado en el BOE, lo que abrirá un periodo para que las comunidades autónomas revisen las zonas que tienen declaradas como vulnerables.
Ese rediseño de zonas vulnerables puede llevar dos años de trabajo, dada su relevancia, por lo que se espera un trabajo muy intenso y una fuerte oposición de los afectados. Pero esa labor es “imprescindible”, señala Fernández Orcajo, ya que el decreto rebaja el valor de referencia de 50 miligramos por litro a 37,5.
¿El plan de abonado será obligatorio?
María López Serrano, de DeAgro, señala que la orden de la Consejería de Medio Ambiente establece un marco “más realista” para la gestión de los suelos y destaca su relación con el real decreto sobre la nutrición sostenible en los suelos agrarios, que se aprobará muy pronto.
El decreto va a suponer, entre otras consecuencias, que todos los agricultores van a necesitar la contratación de un asesor, puesto que en todo el territorio español será necesario contar con un plan de abonado que se adjuntará al cuaderno de cultivo. La obligación comenzará el 1 de septiembre de 2024.
Se exceptúa de esta obligación a las unidades de producción que no superen las diez hectáreas de superficie, siempre que sean de secano o estén dedicadas únicamente a pastos o cultivos forrajeros para autoconsumo.
El decreto prevé unas buenas prácticas agrícolas mínimas, comunes al territorio nacional, para aplicar los nutrientes “con independencia de su origen”, si bien las comunidades autónomas “pueden establecer normas más restrictivas” para mejorar la consecución de los objetivos perseguidos, “en particular para evitar la contaminación de las aguas por nitratos”.
Gestión de purines
La orden de la consejería no introduce demasiadas novedades en relación con la gestión de estiércoles. Establece una obligación general de almacenarlos durante un mínimo de cuatro meses, algo que ya cumple la mayoría de los ganaderos.
Ese periodo está relacionado con el periodo en el que no se debe aplicar abonos en el campo, tanto por razones meteorológicas como porque el plan de abonado diseñado por el agricultor no lo permite.
De este modo, la granja deberá tener capacidad para almacenar esa cantidad de purines más un 10% de margen de seguridad.
¿Quién controla el cumplimiento de esta norma?
El control de que se cumpla esta normativa se realiza por parte de las dos consejerías. La de Agricultura establece un control vinculado a la percepción de ayudas PAC, mientras que la de Medio Ambiente se centra en la gestión de las explotaciones ganaderas de tamaño importante, lo que incluye el diseño del plan de fertilización para las tierras vinculadas a ellas.