Muchas son las inquietudes a las que se enfrenta el agricultor en la campaña que da sus primeros pasos, y en la que los profesionales del campo van ‘a ciegas’. En una situación como la actual, planificar la campaña supone un quebradero de cabeza para muchos.
¿Qué siembro? ¿Cómo me afectará la nueva PAC? ¿Podré regar? Son solo algunos de los interrogantes que llegan a la mente del agricultor. Y es que en muchos de los casos los números no salen o son imposibles de calcular, algo que pone en peligro la sostenibilidad económica de muchas explotaciones.
Ya la pasada campaña, muchos agricultores se vieron obligados a reducir la superficie de sus regadíos, disminuyendo o eliminando ciertos cultivos como remolacha, patata o maíz. El precio de la energía, los contratos con las compañías eléctricas o la escasez de agua son algunos de los quebraderos de cabeza a los que se enfrenta de nuevo el agricultor.
En este punto, organismos como Ferduero han analizado el grave problema del “desorbitado” coste de la energía, uno de sus principales caballos de batalla en la actualidad junto con el de la sequía.
A la reivindicación histórica de poder realizar dos cambios de potencia en el año, se une ahora el problema del elevado coste del kilovatio consumido, junto a la falta de estabilidad en los precios de la energía, que impiden hacer “cálculos razonables” a la hora de programar las siembras.
Se trata de una incertidumbre más que se añade al elevado coste de los carburantes y los fertilizantes, así como a la deriva que va a tomar la nueva PAC, que está sometida a debate. “Todo ello pone en jaque la rentabilidad de las explotaciones agrarias”, señalan desde la federación de regantes.
Y es que el coste de la energía ha entrado en una vorágine “incomprensible” en las dos últimas campañas, que ha impedido realizar compras a futuro, por lo que en la próxima campaña 2023 “tendremos que enfrentarnos a los precios que marque el mercado libre, lo que puede multiplicar por 5 el importe de la factura” con respecto a lo abonado en el año 2021.
Es una situación “imposible de soportar por los regantes, que no van a poder hacer frente a los recibos de la energía, tanto si sigue vigente la excepción ibérica como si se elimina y si se sigue aplicando el mecanismo de ajuste o no”, señalan las mismas fuentes.
Objetivo prioritario
El conseguir que los costes energéticos vuelvan o se acerquen a su situación anterior y otras acciones que se vienen demandando deben convertirse en objetivo prioritario del Gobierno para evitar la ruina del regadío, según la entidad.
Lo contrario podría considerarse inacción y falta de voluntad política por parte de la Administración para afrontar este grave problema. Para Ferduero, se necesita un plan de acción política transversal e integral para aliviar la situación del regadío.
Por eso propone medidas como acometer la legislación y regulaciones necesarias para que el precio de la energía vuelva a una situación razonable y de estabilidad que permita conservar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y evitar su desaparición.
Se debe tener en cuenta que las zonas regables que utilizan electricidad para impulsar el agua, y las que lo vayan a hacer en el futuro, han tenido que acometer fuertes inversiones en sus infraestructuras de riego y los elevados costes de producción que tienen que acarrear pueden dinamitar su viabilidad económica.
Dos cambios de potencia
Ferduero también plantea la posibilidad de contar con dos cambios de potencia en el año, sin determinar la duración de cada periodo, dado que “parece lógico que no tiene mucho sentido el pagar durante toda la anualidad la potencia que solo se utiliza durante la campaña de riego (generalmente unos 7 meses en nuestra demarcación), con el agravante de estar obligado a contratar por todo el período la potencia de los meses de máximo consumo”.
Si antes del 1 de junio de 2021, momento en el que entra en aplicación la Circular 3/2020, el coste de término de potencia ya representaba un porcentaje importante de la factura, que se ha visto incrementado por el endurecimiento de la fórmula de penalización, lo que nos obligó a modificar la estrategia que veníamos utilizando hasta ese momento, donde se buscaba el equilibrio entre penalizar en ciertos períodos y poder reducir el término de potencia a pagar durante todo el año.
Al multiplicarse por 3 los coeficientes de penalización, hoy en día la única fórmula válida es no penalizar, lo que ha nos ha obligado desde el pasado 1 de junio de 2022 a subir las potencias contratadas un 168%.
También propone reducir el IVA al 5%, como se ha hecho en otros sectores, ya que como consumidores, las Comunidades de Regantes no pueden repercutir ese impuesto, que no recuperan, lo que acaba afectando al recibo al que tienen que hacer frente los regantes.
Apuesta por el autoconsumo
Del mismo modo, se apuesta por regular jurídicamente un mecanismo simplificado de autoconsumo sin límite de potencia, con una figura “productor” y otra figura “autoconsumidor” (que sería la comunidad de regantes), utilizando el acceso y capacidad de las comunidades y en la que el productor pueda verter la energía no consumida.
Este mecanismo se podría reglar para que al menos un porcentaje tuviera que ser consumido directamente y, de esta forma, se evitaría la especulación encaminada únicamente a vender energía.
Si el Gobierno no atiende estas reivindicaciones, y teniendo en cuenta que el problema no afecta solo a la Demarcación del Duero, sino que es de ámbito nacional, Ferduero buscará el apoyo de la federación nacional, Fenacore, y del resto de entidades autonómicas para organizar una gran movilización a nivel nacional.
Mediante ese acto de protesta “daríamos a conocer a la sociedad la situación real por la que estamos atravesando y exigiríamos a la Administración soluciones a este grave problema”.
Sequía
En la Asamblea General de Ferduero también se abordó el problema de la sequía padecida en la pasada campaña, denunciando que el Gobierno central “sigue ignorando” los problemas de sequía existentes en la cuenca y no adopta las medidas para paliar sus efectos.
En las Juntas de Gobierno de la Confederación celebradas en julio se declaró la situación excepcional por sequía extraordinaria de las Unidades Territoriales Carrión, Pisuerga, Tera, Támega-Manzanas, Bajo Duero, Órbigo, en su subsistema Tuerto y Torío-Bernesga, ordenando a las Unidades Administrativas del Organismo de Cuenca el estudio de las medidas que sean necesarias para hacer frente a esta situación.
Se dio traslado a la Dirección General del Agua y al Ministerio para la Transición Ecológica de este grave problema, pero “tal y como hicieron con el Adaja en la campaña de riegos 2019”, ha caído en el olvido y no se ha tramitado el pertinente decreto que permita adoptar medidas como la condonación de cánones y tarifas, la aplicación de medidas fiscales para los afectados, realización de obras extraordinarias que hagan frente a la sequía en el futuro, declaración de pozos de sequía, etc.
“Nos consideramos ninguneados y exigimos que, si se dan los indicadores para declarar la situación de situación excepcional por sequía extraordinaria, se activen los mecanismos necesarios para paliar la situación, tal y como se viene haciendo en otras Demarcaciones como puede ser el caso del Guadalquivir, el Guadiana, el Júcar o el Segura cuando se producen estas circunstancias”, señalan desde Ferduero.
El ‘tope del gas’ se prorroga
El Boletín Oficial del Estado ha publicado un real decreto por el que se aprueban “medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural”.
Se trata del denominado ‘tope del gas’, El sistema ideado para reducir la factura eléctrica, que ha tenido un efecto muy limitado, de unos 30 euros por megavatio.
La medida no ha impedido que la factura de las comunidades de regantes se incrementara el 600% durante la última campaña de riego, según Fenacore.
La electricidad se genera en buena medida a partir de gas natural, y su precio sigue siendo muy alto pese a la bajada de las últimas semanas.
Ahora mismo los contratos para 2023 cuadriplican los precios vigentes el año pasado, mientras que para 2024 están un 100% más caros que entonces. La consecuencia es que muchos regantes se están dado de baja de la red eléctrica, con la intención de no consumir energía eléctrica durante un tiempo, quizá años.
En este escenario, las compañías eléctricas se resisten a firmar contratos, dada la incertidumbre reinante, con lo que empujan al agricultor hacia el mercado libre.
José Francisco Fernández, técnico de la Comisión de Energía de Ferduero, anticipa una difícil travesía del desierto para el regante y el ganadero en 2023, mientras que el periodo 2024-2027 será en principio más estable y previsible, con precios más bajos que los actuales. Eso sí, sin regresar a los precios del escenario anterior.
