La normativa de bienestar animal, que obligaría a reducir la capacidad de las granjas europeas en un tercio de la actual no es el único problema que se cierne sobre el sector avícola. Los productores y las asociaciones han denunciado que los supermercados usan la carne de pollo como producto reclamo, lo que acaba afectando directamente al precio que reciben los avicultores.
Además, se quejan de que la burocracia y la presión fiscal les ahogan aún más.
Según datos de COAG, las promociones lanzadas por varias cadenas de supermercados van a perjudicar gravemente a 5.000 granjas avícolas. “No se puede pretender atraer clientes a tus supermercados a costa del granjero”, indican desde la organización. “Resulta lamentable y desolador encontrarse en los lineales ofertas abusivas de pollo que tiran por tierra el enorme esfuerzo que se hace desde la producción por adecuar la oferta a la demanda y superar esta crítica coyuntura sin echar el cierre”, ha subrayado Eloy Ureña, responsable del sector avícola de COAG.
Jesús del Bosque, de Bosquema, tiene en la actualidad un criadero de 60.000 pollos en la provincia de Valladolid. “Ahora mismo recibimos un precio de la integradora de unos 50 o 55 céntimos por el kilo de pollo, pero si nos obligan a reducir, o lo vendemos por más de 60 o no nos saldría rentable”. Los márgenes ahora mismo son muy ajustados, y las ofertas de las grandes superficies provocan que el productor reciba aún más presión. “Nuestros gastos de luz o de mantenimiento serían los mismos aunque criásemos menos pollos, pero tendríamos menos producción. Esperemos que se pare”.
Hay que recordar que la normativa obligaría reducir la densidad de población de pollos de engorde convencionales a un máximo de 11 kg/m².
A todo esto, se le suman otras preocupaciones, como las trabas administrativas que ya tienen que soportar. Miguel García de Agroganadera Los Vinateros, cría 39.000 pollos y asegura que están “todo el día haciendo papeles”, lo que les quita demasiado tiempo para su labor.
Ante la posible aplicación de la norma que reduciría su explotación, García cree que eso supondría un contratiempo que prácticamente le obligaría a cerrar. Y, según indica, ya se plantea hacer menos cebas con el objetivo de “no pagar a Hacienda” por culpa de la presión fiscal. “Al final acabas pagando lo mismo trabajando que sin trabajar”, denuncia.
