Los agricultores y los Estados miembros han manifestado varias dificultades en el primer año de aplicación de la actual política agrícola común (PAC). Y una de sus preocupaciones principales estaba relacionada con la obligatoriedad del uso de fotografías georreferenciadas a partir del 1 de enero de 2027.
La Comisión Europea ha tomado nota de estas preocupaciones y propone eliminar la obligación de los Estados miembros de utilizar fotografías georreferenciadas en el sistema de seguimiento de zonas. En la propuesta de la Comisión, los Estados miembros tendrán la flexibilidad de pedir a los agricultores que utilicen fotografías georreferenciadas o cualquier otro dato que se considere equivalente.
Las fotografías georreferenciadas se introdujeron en la PAC actual para evitar las visitas de campo a los agricultores y aliviar los costes para las administraciones nacionales. Sin embargo, algunos agricultores y Estados miembros han considerado que su aplicación resulta engorrosa y compleja. La propuesta, por tanto, va a eliminar la obligación de que el 70% del seguimiento se hiciera con esta tecnología a partir de 2027.
Un engorro menos
Una encuesta preliminar previa sobre la simplificación de medidas ha indicado que la mitad de los encuestados que solicitan ayudas de la PAC no utilizan dispositivos móviles para proporcionar fotografías geolocalizadas a las autoridades. Del 50% que utiliza dispositivos móviles para este fin, aproximadamente la mitad tiene problemas con ello, porque lo consideran una tarea que requiere mucho tiempo, no es fácil de utilizar o no reciben información sobre la precisión de la fotografía proporcionada.
El sistema de seguimiento de las zonas se basa en el análisis automatizado de imágenes por satélite de Copernicus y tiene por objeto reducir las inspecciones a las explotaciones, ayudar a los agricultores a evitar errores y sanciones y facilitar la presentación de informes, pero la aplicación en el día a día no ha convencido a los profesionales del campo.
Esta es la última acción adoptada por la Comisión Europea tras su compromiso de abordar las preocupaciones de los agricultores después de las protestas de principios de año a nivel europeo. El 22 de febrero, la Comisión presentó sus primeras acciones de simplificación para reducir la carga administrativa de los agricultores de la UE de forma duradera. El 15 de marzo, presentó su propuesta de revisión específica de la Política Agrícola Común, que entró en vigor el 25 de mayo tras ser aprobada con éxito por el Consejo y el Parlamento Europeo.