La reciente publicación de los datos de adjudicación del PERTE Agroalimentario confirma los malos augurios que los ingenieros agrónomos llevan tiempo señalando: sólo 183,6M€ (163,5M€ en subvenciones y 20,1M€ en préstamos) adjudicados de los 510M€ destinados a la mejora de los procesos productivos por el PERTE Agroalimentario. Una ejecución muy baja de una asignación ya de por sí muy reducida teniendo en cuenta que estamos ante la primera rama manufacturera del sector industrial (142.000M€ de cifra de negocio), el 22,6% de personas ocupadas y el 20,4% del valor añadido. Sólo 292 proyectos para 233 empresas entre las 30.000 que configuran el sector. Son datos que ratifican que el PERTE Agroalimentario está mal planteado.
Según Mª Cruz Díaz, “se ha aplicado al sector agroalimentario la misma estructura de PERTE que para otros sectores, que es un planteamiento basado en empresas tractoras. Pero el sector agroalimentario está implantado y organizado de una forma totalmente diferente: no tiene Vokswagens, Navantias o Telefónicas, por lo que esta estructura no sirve”. Díaz recuerda que hay “casi 30.000 empresas en el sector alimentario, y la práctica totalidad son pymes que están estrechamente vinculadas al sector primario y, por tanto, al territorio: no hay industria tan variada y dispersa como la alimentaria”.
Además, el PERTE se ha limitado sólo a la industria, lo que genera dos problemas fundamentales: por una parte, se pierde la capacidad de mejorar la eficiencia de la producción de alimentos, su calidad y su valor añadido al compartimentar la producción primaria de su necesaria transformación; y por otra, se rompe una vía de mejora de la renta de los agricultores y ganaderos porque, por ejemplo, una cooperativa sólo puede optar a mejorar su proceso industrial y no su proceso productivo primario, cuando dependen el uno del otro.
Al respecto, Díaz apunta que la eficiencia, la trazabilidad, la calidad y el incremento del valor añadido del producto final “se inicia en el campo o en la granja, no en el muelle de entrada de la industria”.
Alerta por la desaparición de la Dirección General de la Industria Alimentaria
Desde ANIA también se alerta sobre la reciente desaparición de la Dirección General de la Industria Alimentaria, que se ha sustanciado en la reestructuración del Ministerio de Agricultura auspiciada por el nuevo Gobierno.
“Los ingenieros agrónomos estamos preocupados porque dudamos de la eficacia de este cambio. Parece que esa parte del ministerio se ha organizado como si todos los eslabones del sistema agroalimentario tuviesen sus problemas estructurales medio resueltos y solo faltase una mayor coordinación entre ellos, cuando es evidente que no es así, porque el margen de mejora de la producción primara y la industria alimentaria es todavía importante”, señala Díaz.
“Relacionar producción, transformación y comercialización es bueno, pero esa forma de plantear la organización dibuja un marco nacional, de puertas adentro. La realidad es que el papel de la industria alimentaria es fundamental para la internacionalización de la economía española y lo puede ser mucho más si se le dedica la atención que merece: hay margen para incrementar el valor de la producción y la eficiencia, y eso debería ser una prioridad política de primer orden” sentencia la presidenta de ANIA.
Los regadíos no pueden ser un problema político
Por otra parte, desde ANIA advierte sobre la forma en la que se está denostando el regadío y el peligro que eso supone. Díaz apunta que es un asunto “extremadamente complejo, que no admite simplificaciones ni atajos: el agua es fundamental para producir. Si hay acceso al recurso, garantizaremos producciones; si no, no. Hay matices, situaciones y casos concretos; pero también soluciones y opciones”. La presidenta señala que las medidas que al respecto del regadío se tomen ahora “son las que van a condicionar la seguridad y soberanía alimentaria del mañana. No hace falta que explique lo que ocurre cuando dependemos de terceros, porque creo que todos lo estamos notando en nuestros bolsillos, y cada vez somos más los que comemos todos los días”.
La oportunidad del secuestro del carbono
De entre las conclusiones de la asamblea general de ANIA, destaca la potenciación del grupo de trabajo creado para estudiar y plantear escenarios a través de los cuales el sector agrario explore opciones en el mercado de emisiones, dado el potencial fijador de dióxido de carbono de la agricultura. Según apunta Díaz, “la producción agraria es multifuncional, y una de las externalidades que tiene es su capacidad de fijación de CO2. Por tanto, si quien emite paga, quien fija deberá de cobrar, ¿no?”. Al respecto, y como reputada experta en edafología, Díaz destaca la gran capacidad de fijación de CO2 de nuestros suelos agrícolas, cuestión que centrará buena parte de sus actividades divulgativas en los próximos meses.
