María Álvarez Escalante
El campo español se encuentra en plena guerra administrativa. El proceso de consulta pública del Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) para el periodo de planificación hidrológica 2028-2033, el denominado cuarto ciclo, ha generado una intensa actividad administrativa a través de la presentación de alegaciones técnicas y jurídicas por parte de los diferentes agentes
del sector.
Desde las cuencas del Duero, Ebro, Guadalquivir o Guadiana, las organizaciones profesionales agrarias y las comunidades de usuarios han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) sus propuestas de revisión, argumentando que los nuevos criterios ambientales de las confederaciones deben equilibrarse con la viabilidad socioeconómica y las demandas productivas.
La planificación hidrológica en España no es un mero trámite administrativo o un conjunto de directrices ambientales; es, por encima de todo, el documento de política agraria y territorial de mayor envergadura estructural.
El objetivo general de estas aportaciones es flexibilizar las restricciones previstas y demostrar que los avances en modernización y eficiencia energética ya permiten una gestión optimizada del recurso, abriendo un debate técnico sobre el encaje de la Directiva Marco del Agua en la realidad productiva española.
Alegaciones de Fenacore
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha presentado un bloque de alegaciones de carácter genérico ante el Miterd. La principal exigencia de los regantes a nivel nacional es la implantación urgente de una única metodología, científica y homogénea, para el cálculo de los caudales ecológicos.
Según denuncia la federación, la actual dispersión de criterios y la arbitrariedad con la que cada confederación hidrográfica define estos caudales mínimos genera una alarmante indefensión jurídica y discrimina a unos territorios frente a otros, recortando la disponibilidad real de agua para los cultivos sin una justificación técnica robusta.
El sector defiende que los embalses son la única herramienta viable y madura para asegurar el recurso hídrico y combatir la creciente variabilidad climática provocada por sequías extremas y lluvias torrenciales. Para que la planificación del cuarto ciclo goce de credibilidad, la federación exige presupuestos realistas, transparentes y económicamente rigurosos.
El sector rechaza categóricamente que los costes de limpieza, muestreo, tratamientos químicos o físicos de estas plagas ajenas a la agricultura sean cargados sobre las espaldas de las Comunidades de Regantes, eximiendo a la Administración de su responsabilidad de control del Dominio Público Hidráulico.
Asimismo, la organización ha solicitado a la administración hacer un análisis detallado de las aguas subterráneas que no se encuentren en un buen estado cuantitativo para evaluar la repercusión económica que la limitación de extracciones tendría sobre la actividad agraria.
Cuenca del Duero
Ante los documentos base del ciclo 2028-2033, la Junta de Castilla y León y la Asociación de Comunidades de Regantes del Duero (Ferduero) han presentado de forma separada sus respectivos bloques de alegaciones.
Desde el Gobierno autonómico se propone formalmente la ampliación del regadío de la Comunidad en 43.000 hectáreas dentro del horizonte del próximo plan, rechazando enfoques meramente restrictivos que reducen dotaciones sin alternativas. Defiende el agua como recurso estructural para generar empleo, incorporar jóvenes y fijar población.
“La sostenibilidad de la cuenca no puede descansar solo en reducir consumos y restringir los usos agrarios existentes, sino que debe apoyarse en la modernización del regadío, en una gestión eficiente del agua, en un incremento de la regulación, en nuevas infraestructuras y en ofrecer seguridad jurídica a los regantes, todo ello desde una triple sostenibilidad: económica, social y medioambiental”, han subrayado desde la consejería de Agricultura.
“Contar solo con un 31 % de regulación supone un desequilibrio respecto a otras zonas del país ”
Eloy Bailez, Ferduero
Cuenca del Ebro
En el nordeste peninsular, la CHE ha recibió 140 alegaciones. Los escritos se centraron en la cantidad de recursos disponibles, la calidad del agua y la gestión de los riegos y de las infraestructuras.
El Partenariado del Agua del Ebro-Aragón, espacio donde colaboran activamente comunidades de regantes, centros de investigación y colegios profesionales como el de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, ha presentado un documento de alegaciones basado en el rigor científico de cara al cuarto ciclo.
Su metodología de trabajo parte de un concepto innovador en la administración hídrica española: el “rural proofing” o mecanismo de garantía rural. Consiste en la obligatoriedad de verificar fehacientemente que cualquier decisión de planificación ambiental, hidrológica o energética sea realista, proporcionada y plenamente aplicable en las zonas rurales sin provocar su despoblación o ruina económica, alineándose con las directrices de la Unión Europea.
La gran preocupación técnica articulada en el Valle del Ebro radica en el Tema 16 del EPTI, referente a las novaciones concesionales. El sector califica de “inadmisible e inasumible” el enfoque restrictivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que pretende recortar masivamente las dotaciones de agua aprovechando el trámite de novación o actualización de las características de los derechos históricos, amparándose en “balances hídricos teóricos desactualizados” y en proyecciones climáticas generalistas “que no acreditan causalidad directa sobre cada masa de agua concreta”.
Cuenca del Guadalquivir
En la mitad sur peninsular, la tensión hídrica se traduce en alegaciones de carácter defensivo ante situaciones de escasez estructural crónica.
Feragua reclama al Plan Hidrológico del Guadalquivir 2028-2033 una apuesta decidida por la “seguridad hídrica y el aumento de la flexibilidad del sistema de explotación” frente a los ciclos extremos de sequía.
Los regantes andaluces defienden la urgencia de optimizar de forma inmediata aquellas infraestructuras hidráulicas que actualmente se encuentran infrautilizadas, mejorar la capacidad real de bombeo y acometer obras de derivación hacia embalses existentes para dotar de resiliencia a la cuenca.
Respecto a los caudales ecológicos, Feragua no cuestiona formalmente las exigencias de la Directiva Marco del Agua, pero exige taxativamente que su implantación se realice bajo estrictos criterios de “proporcionalidad, adaptabilidad climática y flexibilidad mediterránea”.
“Hay que apostar por la seguridad hídrica y el aumento de la flexibilidad frente a ciclos extremos de sequía”, Manuel Cepeda, Feragua.
Cuenca del Guadiana
La Federación de Regantes del Alto Guadiana (Fergualt), entidad que ostenta la representación de más de 50.000 aprovechamientos hídricos y una extensión superior a las 300.000 hectáreas en Castilla-La Mancha, ha manifestado un rechazo frontal y absoluto al planteamiento inicial del EPTI, tachándolo de documento “altamente restrictivo” y destructivo para la economía de comarcas enteras.
El presidente de Fergualt, Ángel Bellón, ha advertido de que el documento presentado por la Confederación “pretende la extinción de derechos, la eliminación de garantías procesales establecidas en la normativa de aguas, la pérdida de vigencia del Plan Especial del Alto Guadiana y la reducción de superficie de regadío y volúmenes concesionales”.
Ante el colapso administrativo en la gestión de expedientes de aguas subterráneas denunciado por Fergualt, los regantes exigen una flexibilización normativa urgente: que se permita de manera automática el ejercicio provisional de los derechos de uso del agua a todos aquellos agricultores cuyos expedientes de renovación o regularización lleven meses o años atascados en los despachos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
“El documento pretende la reducción de superficie de regadío y volúmenes concesionales”, Ángel Bellón, Fergualt
Cuenca Tajo-Segura
Mientras tanto, la cuenca del Tajo y el Trasvase Tajo-Segura acaban de recibir un impacto por la vía judicial más elevada. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de enorme trascendencia que desestima de forma íntegra el recurso contencioso-administrativo presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra el vigente Plan Hidrológico del Tajo.
El SCRATS había recurrido la planificación hídrica del Gobierno central al entender que la implantación progresiva y al alza de los nuevos caudales ecológicos en distintos tramos del eje del río Tajo mermaba drásticamente la disponibilidad de recursos hídricos transferibles, ocasionando un perjuicio económico irreparable para la agricultura del sureste peninsular. Sin embargo, el Alto Tribunal ha rechazado con los argumentos de los regantes levantinos.
El presidente autonómico, Emiliano García-Page ha calificado el fallo judicial del Supremo como “la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales”.
García-Page reivindicó la política hídrica regional manifestando que “esta tierra defiende lo suyo y lo hace de manera coherente al conjunto de España”.
Nuevo consejero en la Región de Murcia
El agua también ha marcado el estreno institucional de Joaquín Buendía al frente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca en la Región de Murcia, cuya primera reunión oficial ha sido con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
El titular regional de Agua consideró especialmente llamativa la intención de reducir aportaciones para el regadío cuando los embalses de cabecera del Tajo se encuentran actualmente en torno al 84% de su capacidad. A su juicio, plantear un recorte de 100 hectómetros cúbicos en estas circunstancias resulta “desorbitado”.
“Voy a intentar primero dialogar y poner nuevamente encima de la mesa los criterios que llevan a un reparto justo y equilibrado”, afirmó.
