La organización Asaja aconseja a los agricultores que vigilen las parcelas de sus explotaciones para conocer la evolución del topillo campesino y puedan medir los posibles daños que ocasionen hasta la recolección.
La advertencia se comunica en especial a los profesionales de la zona de Tierra de Campos, donde ya se viene detectando una creciente presencia del roedor, así como perjuicios en cultivos de cereales y forrajes. En ese sentido, la vigilancia ha de hacerse en el interior de la parcela, sin fiarse tan sólo de una primera impresión desde la periferia.
Esta práctica es importante cara al posible parte de siniestro en el seguro agrario, que cubre este daño, si bien la existencia de franquicia acaba determinando que el agricultor deba asumir parte del coste de esos perjuicios.
Este contratiempo, unido a los precios relativamente bajos de la producción en cereales y forrajes con respecto a los costes productivos, puede mermar de manera significativa la rentabilidad de una campaña que a priori se presenta positiva.
Durante casi dos décadas, el esfuerzo investigador se ha focalizado en diagnósticos y análisis del comportamiento del topillo, pero no en actuaciones para un control real de las «explosiones demográficas» que registra la provincia de Palencia desde la grave crisis de 2006 a 2008, la más importante en extensión, magnitud e incidencia.
Tras la gravísima primera plaga de 2006-2008, amplias áreas de la provincia de Palencia, en especial en Tierra de Campos, han padecido otras de diversa intensidad las campañas 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2016-2017 y 2028-2019, a la que se une la de este año, vaticinada ya hace meses, cuyo alcance final se verá en los próximos meses. El buen aspecto que presentan las parcelas, tras una primavera con precipitaciones, está impidiendo en cierta medida conocer a primera vista los daños del topillo, que está presente en muchas de ellas.
A raíz de la anterior plaga, el 5 de febrero de 2019 la Consejería de Agricultura dictó una orden la llamada «estrategia de gestión integrada de riesgos derivados de la presencia del topillo campesino» en Castilla y León. La norma ha cumplido cinco años, y sus medidas se han revelado insuficientes y fallidas para los objetivos de «minimizar los riesgos» y una «mejor protección de los cultivos» que en teoría se planteaba aquella «gestión integrada».
Por otro lado, Asaja-Palencia recuerda que además han recaído en los propios agricultores, y a su costa, gran parte de las «buenas prácticas» y otras acciones allí recogidas, lo que les añade gastos de variado tipo, cuando no entran en contradicción con medidas que plantea la Política Agraria Común, como la reducción del laboreo.
