El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha presidido el Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), donde se ha presentado el nuevo Plan de Control 2016, que incluye un Plan de Trabajo específico para comprobar la existencia y contenido de contratos alimentarios en los sectores agrícolas y ganaderos. El Plan de Control comprende tanto las actuaciones de oficio como las investigaciones derivadas de las denuncias que se reciban por parte de empresas u organizaciones.
Por otra parte, el Consejo Asesor ha presentado los datos de actividad de AICA durante el primer semestre de 2016. Se trata de la primera vez que se dan a conocer los datos específicos de este periodo y no las cifras acumuladas.
Así, de enero a junio los inspectores de AICA han realizado un total de 1.129 inspecciones de oficio, de las que 283 corresponden al control del cumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria y 846 al control de las declaraciones realizadas por los operadores del sector oleícola.
En concreto, se han llevado a cabo 109 inspecciones en el sector vitivinícola, 45 en frutas y hortalizas, 79 en aceite de oliva y aceituna de mesa, 48 en el sector lácteo y 2 en carne de pollo.
En este periodo, AICA ha tramitado 34 expedientes con propuesta de sanción. De ellos, 17 han sido por incumplimiento de los plazos de pago, 5 por no tener contratos, 15 por no enviar la documentación requerida y 2 por otros motivos, como no contener los contratos los extremos necesarios o por haber sido modificados unilateralmente.
En lo que va de año, la Agencia ha propuesto 28 sanciones por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria: 7 en el sector de frutas y hortalizas, 2 en el sector lácteo, 10 en el sector del aceite de oliva y 9 en el sector del vino.
Asimismo, en este periodo se han recibido 32 denuncias: 17 en el sector lácteo, 7 en frutas, 2 en vino, 3 en aceite de oliva, 2 en aceituna y 1 en carne de pollo. Siete de estas 32 denuncias recibidas se refieren a venta a pérdidas, por lo que han sido trasladadas a las correspondientes comunidades autónomas para su investigación y posible sanción, ya que entra en su ámbito de competencia.
Desde la creación de AICA se han enviado más de 260 comunicaciones a los responsables de Comercio de las comunidades autónomas para que investiguen las presuntas ventas a pérdidas.