Asaja Valladolid quiere que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) vuelva abrir un nuevo periodo para legalizar los pozos antiguos. Para esta organización, es la “mejor solución” para que los agricultores puedan, como es su deseo, cumplir la ley y no tengan que iniciar largos y costosos procesos judiciales que colapsan los juzgados y prolongan una problemática e incertidumbre sobre los cultivos de nuestra región.
Transcurridos más de 40 años desde la entrada en vigor la Ley de Aguas y sus posteriores reformas, actualmente existe multitud de pozos que ni se han transformado en régimen público, ni tampoco se han inscrito en el llamado Catálogo de Aguas Privadas que existe en cada una de las Confederaciones Hidrográficas. Dichos pozos se encuentran en “tierra de nadie”.
Transcurrido dicho plazo, la Ley no permite inscribir dichos aprovechamientos de agua y la única manera de conseguirlo es acudir a los tribunales civiles demandando a la Confederación Hidrográfica.
Por ello, Asaja Valladolid reclama que entre en vigor un nuevo periodo para legalizar los pozos antiguos. Muchos agricultores no han podido acogerse a los periodos de legalización anteriores porque la explotación no era de ellos o se han encontrado con sus familiares eran reticentes porque no entendían bien las consecuencias que suponía este proceso.
Ahora, estos jóvenes agricultores que apuestan por la modernización y el regadío, que quieren seguir invirtiendo, se encuentran desesperados porque su única solución es acudir a los jugados. Para Asaja Valladolid, existe una solución más razonable, rápida y viable que es abrir un nuevo periodo para legalizar los pozos y que los agricultores puedan acogerse a él.
Uno de los efectos colaterales de esta situación es que, dada la inseguridad existente, se están aplazando inversiones vitales lo que repercute en la modernización de nuestros regadíos y por lo tanto en la fijación de población en los pueblos.
Asimismo, Asaja Valladolid reclama también que se impulsen las Balsas de Recuperación en la Cuenca del Duero por los beneficios que suponen para el campo de Castilla y León y que ahora están paradas por falta de presupuesto.