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viernes, octubre 4, 2024
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Ceres Castilla y León pide a la Junta que apueste por la soberanía alimentaria y la producción de cercanía

La crisis del coronavirus ha evidenciado una clara debilidad a la hora de proveernos de determinados materiales, principalmente los referidos a equipos de protección frente al Covid-19 y otros materiales sanitarios. Este desabastecimiento no se ha dado en alimentación, puesto que Castilla y León y España son productores de alimentos, ahora bien, y más al contrario, cada día son mayores los perjuicios que está teniendo el sector productor agroalimentario de Castilla y León por no poder dar salida a sus producciones.

“Baste como ejemplo los problemas que cada día está sufriendo el porcino o el ovino y caprino para comercializar las producciones de temporada, y más aún, teniendo que competir con importaciones de menor calidad y precio, así como la prohibición de realizar mercados locales que suponen el único medio de subsistencia para un número considerable de explotaciones familiares. Y no está de más recordar lo que está sucediendo en otros países, como por ejemplo en el Reino Unido, donde se está evidenciando una fuerte debilidad de la cadena de suministro, precisamente por no ser capaz de autoabastecerse”, señalan en Ceres Castilla y León.

La necesidad de alimentar a las personas y la puesta en valor de las personas proveedoras de alimentos son dos de los principios que recoge la definición de soberanía alimentaria. Por ello, desde Ceres-Castilla y León y desde al Área de la Mujer de COAG-Castilla y León se insta a la Administración regional a que de continuidad al reconocimiento que en estos días se está dando al sector productor de la región, y se comprometa a cambiar las políticas de contratación de la Administración en lo referente al abastecimiento de alimentos a las entidades públicas.

Para ello, propone que se tenga en cuenta a la producción local a la hora de establecer los pliegos de contratación en lo referente a la compra pública, ya que dentro de la normativa existente sobre libre competencia puede y debe potenciar la compra alimentaria de proximidad, es decir, de productores locales, para comedores escolares, hospitales, bancos de alimentos y residencias públicas.

En este mismo sentido, la reapertura de cocinas con personal propio que sustituya a las empresas de servicios de catering proveniente de otras regiones y con una dudosa calidad, este aspecto además contribuiría a la creación de puestos de trabajo tan necesarios tanto en el medio rural como en el urbano, y que implican principalmente a las mujeres que son quienes van a sufrir en mayor medida las consecuencias del Covid-19 en material laboral.

Así mismo desde Ceres-Castilla y León y desde el Área de la Mujer de COAG también instan a la administración regional a que potencie, promocione y favorezca los canales cortos de comercialización entre el sector productor y las personas consumidoras mediante la celebración de mercados locales con una mayor frecuencia.

“Se debe tener en consideración que estas medidas que proponemos no solo favorecen al sector productor sino a toda la sociedad en general, puesto que la alimentación de proximidad tiene diferentes beneficios como es el incremento de la calidad de los productos al sustituir los productos altamente procesados y provenientes de larga distancia de los servicios de ‘catering’ por alimentos frescos y elaborados en el día, beneficios al reducir la huella de carbono del transporte de los productos, y finalmente y no menos importante, los beneficios socioeconómicos en la creación de puestos de trabajo, tanto en lo referente a las cocinas como en los mercados locales, además de garantizar una salida con precios dignos de los productos locales de calidad”, argumentan.

Por todo ello, desde Ceres-Castilla y León y desde el Área de la Mujer de COAG, se insta a la Administración regional a la asunción de un compromiso político vinculante que implique, muy en particular una vez superada la pandemia motivada por el Covid-19, la voluntad de incorporar los alimentos de proximidad y de producción familiar en las compras públicas alimentarias, estableciendo un marco político que sirva para que las administraciones locales puedan servirse del mismo y poder poner en valor a las producciones locales así como  generar empleo tanto en medio rural como en el medio urbano.

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