Edu Mongil
La aprobación por parte de la Unión Europea de la Ley de Restauración de la Naturaleza ha sido muy mal recibida por parte de los profesionales. No hace falta recordar el estado de hartazgo del campo contra todas las instituciones, por lo que, en este caldo de cultivo, este nuevo paso de las autoridades comunitarias ha sido calificado como “una provocación”.
La medida estrella de la norma establece la obligación de poner en marcha medidas de restauración para 2030 que cubran al menos el 20% de todas las áreas terrestres y marítimas de la Unión Europea. O lo que es lo mismo: se va a impedir usar esas tierras para la actividad económica.
Según los datos de las asociaciones agrícolas, con esta nueva ley los agricultores y pescadores perderán hasta 80.000 kilómetros cuadrados de zonas de labor, pero aseguran que no será solo eso, sino que “en esencia también se traducirá en prohibiciones, limitaciones y sanciones”. Al menos es lo que opina Juan Metidieri, presidente de Asaja en Extremadura.
El representante extremeño afirma que la ley “en la letra puede sonar bien”, pero que en la práctica es un impedimento más para la actividad del campo. “No lo entendemos porque realmente nosotros somos los que damos vida y cuidamos de los entornos”, y añade que va a pasar “lo mismo que con la Red Natura. Es otra piedra más para que se siga abandonando la actividad”.
Federico Lorente, presidente de ARAGA, muestra su indignación por la aprobación de ley “en un momento en el que están las calles ardiendo”, y acusa a las instituciones europeas de falta de sensibilidad. “No tienen ninguna delicadeza política, va a aumentar la crispación seguro”, advierte.
El sector se siente menospreciado
Las principales quejas vienen de la sensación de que los legisladores vuelven a olvidarse de la posición del campo en un tema que les afecta directamente. Según Lorente “ha vuelto a pasar lo mismo, no cuentan nada con nosotros, no les importamos”, una opinión que comparte y endurece Antonio David de la Rosa, responsable de medio ambiente de Unión de Uniones: “se nos menosprecia, y eso que somos los que producimos alimentos para la ciudadanía”.
La gran división que ha habido en la votación del texto (con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones) es un factor que según las asociaciones explica el peligro de su aplicación. “Hay una clara disyuntiva en el Parlamento porque parece que un sector solo piensa en el Cambio Climático, pero nosotros somos los primeros interesados en cuidar el medio ambiente porque la vida de nuestras explotaciones depende de ello”, argumenta de la Rosa.
Federico Lorente critica que se hagan “leyes generales” que no tengan en cuenta “la diversidad de los territorios”, y lamenta que Aragón es una comunidad autónoma con muchas zonas protegidas, lo que “va a suponer un hachazo”.
La Comisión Europea, no obstante, ya matizó que la normativa no establece cuotas para cada país, sino que se extenderá todo el territorio de la Unión Europea, y que se podría ir adaptando en función de las zonas concretas.
“Que hayamos hecho una llamada de emergencia a los políticos, habiendo advertido que múltiples las explotaciones que caen por una falta de viabilidad, y ahora hagan esto… Es que de verdad que es una provocación”, concluye De la Rosa.
