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miércoles, octubre 16, 2024
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La Junta asume los intereses de los préstamos solicitados para hacer frente a la sequía

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural subvencionará hasta el 100% el coste de los intereses para préstamos preferenciales de hasta 40.000 euros. A diferencia de las convocadas en la sequía de 2017, en este caso, el Ministerio de Agricultura no aporta subvención al coste de los avales

El año 2019, desde un punto de vista climático, ha incidido de forma negativa en el sector agrario de Castilla y León. La combinación de altas temperaturas con la falta de precipitaciones, especialmente durante la primavera, han causado efectos perjudiciales en las producciones agrarias de la campaña agrícola 2018-2019, lo que ha generado una pérdida de producción bruta en cultivos y pastos, que repercute negativamente en la situación económica de las explotaciones agrarias de Castilla y León.

Atendiendo a dichas circunstancias, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha puesto en marcha dos líneas de ayuda para paliar los efectos de la sequía. La primera destinada a subvencionar suministro de agua a la ganadería extensiva y semiextensiva, cuyo plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 7 de octubre. Esta línea subvenciona el 50% del gasto elegible desde el 1 de junio de 2019, con el límite de 4.000 euros por subvención.

La segunda línea de ayuda que se ha aprobado se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León y se dirige a dar liquidez a las explotaciones agrarias de la comunidad, facilitando el acceso a capital circulante que les permita seguir realizando su actividad con normalidad y que no se ponga en peligro el futuro del sector.

La Orden de la consejería recoge las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de minimis destinadas a bonificar los intereses de los préstamos preferenciales que suscriban los titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León y se establece el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la suscripción de dichos préstamos.

Características de la ayuda

Según recoge la Orden, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural subvencionará hasta el 100% del coste de los intereses para préstamos preferenciales de hasta 40.000 euros, que se formalicen con las entidades financieras que suscriban convenios de colaboración con la consejería. El plazo de amortización de estos préstamos no podrá superar los cinco años, pudiendo incluir en este un año de carencia.

Los convenios de la Consejería con las entidades financieras se van a formalizar durante los próximos días.

Los agricultores y ganaderos que quieran acogerse a estos préstamos tendrán que suscribir, en el caso de que no lo hayan realizado, una póliza o contrato de seguro para las producciones agrícolas y ganaderas comprendidas en los Planes de Seguros Agrarios Combinados de los años 2018 y 2019 antes del 31 de octubre de 2019 y comprometerse a mantenerlo tres años más. Además, deben estar dados de alta en la Seguridad Social en el sector agrario por cuenta propia y haber obtenido en la última campaña del Impuesto de las Rentas de las Personas Físicas, al menos, el 50% de su renta total de actividades  agrarias o de actividades agrarias complementarias. Están excluidos de este requisito los agricultores jóvenes que se hayan incorporado a la actividad agraria con posterioridad al 1 de enero de 2016.

También pueden beneficiarse de estos préstamos las personas jurídicas, comunidades de bienes, explotaciones de titularidad compartida y sociedades civiles cuya actividad principal sea la agraria y en las que, al menos, el 50% de sus socios cumplan los requisitos de estar dados de alta en la Seguridad Social por sus actividades agrarias y los requisitos de la procedencia agraria de su renta total.

La ayuda será del 100% de los intereses de los préstamos hasta 1,5% de interés si han suscrito seguro agrario o del 50% hasta 1,5% de interés si no lo han suscrito, pero se comprometen a suscribirlo.

A diferencia de la línea de préstamos bonificados que se puso en marcha con la sequía de 2017, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para esta sequía de 2019, el Ministerio no aportará subvención al coste de los avales.

Anticipo de ayudas

A las dos líneas puestas ya en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se unen el anticipo del 70% de la PAC que se empezará a pagar a los agricultores y ganaderos de Castilla y León y el anticipo del 85% de las ayudas agroambientales y de las ayudas de montaña. Todas ellas se empezarán a pagar a partir del 16 de octubre. Con ellas se adelantará en dos meses unos 220 millones de euros adicionales.

La posición de Asaja

Asaja valora que se ponga en marcha, “por fin”, esta medida, pero lamenta que la administración no haya considerado ninguna de las peticiones formuladas por la organización profesional agraria para mejorarla y evitar problemas que ya se detectaron en la convocatoria de la sequía de 2017.

Así, la consejería no ha aceptado que se subvencione una parte del capital del préstamo en aquellas zonas en que la sequía haya afectado en mayor medida a los rendimientos, fundamental para las provincias y áreas más castigadas; ni tampoco permite a las explotaciones en integración mixtas (con base agraria) acceder a los préstamos, ni que se tenga en cuenta en la cuantía máxima del préstamo bonificado el número de miembros de las entidades asociativas que cumplan los requisitos de agricultor profesional.

A la organización también le preocupa la segunda parte, la formalización de los préstamos, porque “no se debe permitir que se repitan las irregularidades y abusos de 2017 por parte de algunas entidades financieras, que condicionaron la concesión de los préstamos a la contratación de otros productos parafinancieros (como seguros) y domiciliaciones de ingresos”, tal como denunció la organización.

Por ello, Asajaha pedido al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, que las organizaciones profesionales agrarias tengan conocimiento de los convenios con las entidades financieras antes de que sean firmados por la Administración, así como que se extreme la vigilancia del proceso para evitar que se repitan estas situaciones.

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