La Confederación Hidrográfica del Duero, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), ha acogido este lunes una reunión entre su presidente, Juan Ignacio Diego Ruiz, y representantes de la Junta de Castilla y León y de las comunidades de Cantabria, Castilla La Mancha y Extremadura, dentro de la ronda de contactos programada para avanzar en el proceso que permita alcanzar, con el máximo consenso, un Pacto Nacional por el Agua.
Este es el octavo encuentro, en el ámbito de la demarcación, de los contactos previstos durante el presente mes de octubre con los diversos usuarios, como regantes, organizaciones profesionales agrarias, colegios profesionales, sindicatos, patronal, empresas del sector hidroeléctrico y administraciones.
A la reunión han asistido responsables de las consejerías de Agricultura y Ganadería y de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, así como tres representantes de las comunidades de Cantabria, Castilla La Mancha y Extremadura, que poseen una reducida parte de su territorio en la cuenca del Duero.
Las reuniones se suman así a las mantenidas este verano desde la Dirección General del Agua con las Comunidades Autónomas, para involucrar en este Pacto Nacional a todos los sectores y agentes implicados en la gestión del agua
en las distintas cuencas españolas con el fin de lograr una gestión más eficaz y solidaria de los recursos hídricos.
El Pacto Nacional por el Agua, recuerdan desde el Mapama, debe recoger las propuestas técnicas para hacer un uso más eficaz, solidario e integrado de los recursos existentes. “El punto de referencia serán los temas identificados en el los planes hidrológicos del segundo ciclo, dando continuidad a este diálogo en el marco del proceso de preparación de los planes hidrológicos del tercer ciclo, de conformidad con el calendario fijado en la directiva marco del agua”.
Este futuro acuerdo se centrará en cuatro grandes capítulos: la atención de déficits, el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los planes hidrológicos, la puesta en marcha de los planes de gestión de riesgos de inundación y otra serie de medidas en materia de gobernanza del agua.