Con motivo del Día de la Mujer Rural, celebrado el pasado 15 de octubre, el Área de la Mujer de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido a Gobierno y Comunidades Autónomas un impulso decisivo a la Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias para subsanar sus graves deficiencias y propiciar que la igualdad en el campo sea real y efectiva.
“La ley nació para ser una herramienta útil en el camino hacia la igualdad de hombres y mujeres en el medio rural, con potencial para el empoderamiento y profesionalización de agricultoras y ganaderas, así como para la dinamización económica de nuestros pueblos, cada vez más envejecidos y masculinizados. Sin embargo, tras seis años no se han alcanzado ni de lejos sus objetivos”, ha apuntado Inmaculada Idáñez, responsable del Área de la Mujer de COAG.
Desde su aprobación en 2011, tan sólo 141 explotaciones agrarias se han acogido a esta figura, un 0,01% del total, números que ponen de manifiesto el “fracaso” en el desarrollo de la misma. Así lo confirma el Infome de Evaluación de Resultados de dicha ley realizado por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En el mismo se subraya el escaso conocimiento de contenido de la misma en el sector agrario, la complejidad burocrática, la baja difusión de las administraciones regionales, la deficiente formación de los funcionarios encargados de gestionar las solicitudes y el desconocimiento de los beneficios fiscales de la Ley por parte de los propios gestores de la Agencia Tributaria, entre otras debilidades que explican la escasa acogida en el sector.
Desde el Área de la Mujer de COAG ya se ha trasladado a MAPAMA y gobiernos autonómicos la necesidad de realizar un mayor esfuerzo en difusión de los beneficios de la ley entre los potenciales beneficiarios (plan de comunicación concreto con presupuesto suficiente), mejorar la coordinación entre las administraciones competentes, desarrollar un plan específico de formación para los funcionarios y elevar los incentivos económicos de la misma, caso como líneas de actuación de subvenciones, desgravaciones o deducciones fiscales añadidas. Asimismo, “sería necesaria la creación de registros de Titularidad Compartida en aquellas CC.AA. donde aún no se han creado y ampliar la edad de las beneficiarias de las bonificaciones de la Seguridad Social hasta los 65 años”, como explican desde la organización.