La Comisión Ejecutiva de la Federación Española, reunida esta semana en Sant Sadurní d’Anoia, ha abordado entre otros asuntos el desarrollo de la nueva campaña vitivinícola, marcada por una vendimia que ya está generalizada en buena parte del país y que será corta, aunque de gran calidad, y anormalmente avanzada en el calendario.
En línea con otras proyecciones que se han ido anunciado en las últimas semanas, la asociación bodeguera ha anticipado una cosecha de vino y mosto en torno a un 10-15% por ciento inferior a la del año anterior, que se cerró en 36,8 Mhl, y muy lejos de los 40 millones que se alcanzaron, por ejemplo, en 2021 o 2022.
Con todo, esta es una cifra global que difiere mucho según las distintas regiones vinícolas, ya que en algunos territorios se podían dar caídas de hasta el 40% o el 50% en la producción motivadas por fuertes olas de calor, sequías o algunas enfermedades de la vid como el mildiu.
Para la Comisión Ejecutiva de la FEV estas cifras recuerdan que la actividad vitivinícola está absolutamente ligada a la climatología y pone de manifiesto la necesidad de actuar con firmeza en medidas de adaptación a los efectos del cambio climático para asegurar la producción y la sostenibilidad futura del sector.
Los bodegueros representados por la FEV han querido también salir al paso y dar respuesta a todas las manifestaciones desproporcionadas e infundadas que las organizaciones agrarias han venido realizando en distintos medios de comunicación desde que comenzase la vendimia y han recordado que sus bodegas asociadas cumplen de manera escrupulosa con la Ley de la Cadena Agroalimentaria.
Un cumplimiento que este año, debido a los recortes esperados en la producción, está provocando incrementos significativos en el precio de la uva para cumplir con la obligación de cubrir el coste efectivo de producción y compensar, en algunos casos, los bajos rendimientos de los viticultores. El incremento de costes de aprovisionamiento de materia prima, como es lógico, provoca a su vez un impacto en el resto de la cadena de valor del sector.
A este respecto, la FEV reclama a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) cierta flexibilidad y una reflexión sobre algunos aspectos de la Ley, ya que es prácticamente imposible prever contractualmente una situación de escasez sobrevenida como la que se afronta este año en algunas zonas de España, y la Ley no permite la modificación del precio pactado al alza una vez entregada la uva, que es cuando realmente se conoce la merma sobre la producción esperada.
Esta situación podría perjudicar potencialmente a la bodega ya que, en contra de su voluntad, podría estar incumpliendo la norma al no llegar a cubrir con el precio pactado previamente el coste efectivo de producción; y también al viticultor, que cobraría menos de lo que el comprador querría pagar debido a la merma en la cantidad final de uva entregada.
