José Ramón Díaz de los Bernardos. Ingeniero agrónomo y enólogo
La vendimia ha vuelto a adelantarse en Castilla-La Mancha y, mientras las primeras variedades comienzan a entrar en las bodegas, el sector vuelve a enfrentarse a una campaña en la que resulta mucho más fácil hablar de toneladas, hectolitros, grados y kilos de uva que de algo mucho más importante: rentabilidad.
La climatología ha acelerado la maduración y las primeras uvas ya han comenzado a recogerse en algunas zonas. Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha ha optado por la prudencia y no ha establecido una previsión cerrada de cosecha, aunque distintas referencias sitúan la posible producción regional entre 20 y 24 millones de hectolitros de vino y mosto, por encima de la campaña anterior, pero condicionada por lo que ocurra durante las próximas semanas.
Y quizá ésta sea precisamente la primera reflexión. La vendimia comienza mucho antes de que lleguen los primeros tractores a la bodega, cuando el agricultor decide cuánto está dispuesto a invertir en una parcela cuyo resultado dependerá de una climatología y de un mercado que no controla. La uva es el resultado de meses de trabajo, tratamientos, labores, fertilización, manejo del suelo, agua, combustible, maquinaria y muchas horas de trabajo. Y cuando llega el momento de recogerla aparece siempre la misma pregunta: ¿cuánto vale realmente esa uva?
Ésa es la cuestión que deberíamos colocar en el centro del debate vitivinícola de Castilla-La Mancha.
Podemos discutir si la vendimia será de 20, 22 o 24 millones de hectolitros, si habrá más o menos vino o si existen suficientes existencias. Pero si el viticultor continúa recibiendo por su uva un precio que no permite cubrir sus costes, estaremos haciendo un diagnóstico incompleto.
Campaña 2026
La campaña 2026 llega con existencias de partida no especialmente elevadas y después de una campaña anterior muy corta. Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha señalaba a finales de julio unas existencias previsibles de alrededor de 8 millones de hectolitros de vino y 1,5 millones de hectolitros de mosto, cifras que permiten afrontar el enlace entre campañas sin alarmismos. Al mismo tiempo, advertía de la caída del consumo y de las dificultades comerciales del sector a nivel mundial, europeo y nacional.
Tener pocas existencias puede ser positivo si la demanda responde y permite tensionar los precios al alza, pero menos vino almacenado no significa automáticamente que la uva vaya a pagarse mejor. Importan el consumo, las exportaciones, los precios del vino, la capacidad comercial de las bodegas, la competencia internacional y, sobre todo, nuestra capacidad para transformar una enorme producción primaria en un producto con mayor valor añadido.
Y Castilla-La Mancha tiene aquí una contradicción que debería hacernos reflexionar.
Somos una de las grandes potencias vitivinícolas del mundo. La región cuenta con más de 430.000 hectáreas de viñedo y una capacidad productiva extraordinaria. Nuestra dimensión permite producir grandes volúmenes y tener una importancia determinante en los mercados nacional e internacional. Sin embargo, seguimos teniendo enormes dificultades para conseguir que esa dimensión productiva se traduzca en valor para quien está al principio de la cadena: el viticultor.
Éste es el problema.
Hemos aprendido a producir muchísimo vino. Ahora tenemos que aprender a ganar dinero produciéndolo.
Porque producir volumen no garantiza rentabilidad.
Durante años hemos defendido la importancia económica, social, territorial y cultural del viñedo. Y es indiscutible. Pero existe una pregunta que debemos atrevernos a formular: ¿qué sentido tiene conservar una hectárea de viñedo si la persona que la trabaja pierde dinero todos los años?
La viña no se mantiene únicamente con discursos. Se mantiene con rentabilidad.
Y aquí aparecen nuestras viñas viejas. Tenemos un patrimonio vitícola extraordinario: cepas que han sobrevivido a décadas de sequías, heladas y años buenos y malos, y que pueden producir uvas capaces de generar vinos con personalidad. Determinados vinos de Airén procedentes de viñas antiguas han demostrado que el potencial cualitativo de la variedad está muy lejos de la imagen simplificada que durante años se ha proyectado sobre ella.
Pero aparece una enorme contradicción.
Decimos que queremos conservar las viñas viejas porque son patrimonio, identidad y tienen un enorme potencial cualitativo. Y después permitimos que el agricultor que las mantiene tenga que vender su uva a precios que hacen inviable la explotación.
Una viña vieja puede ser una joya agronómica, pero si económicamente no puede mantenerse, terminará desapareciendo.
No podemos pedir al viticultor que conserve patrimonio a costa de su patrimonio. No podemos exigirle que mantenga una viña vieja porque es un tesoro de Castilla-La Mancha si esa viña no le permite obtener una renta digna.
No necesariamente hay que subvencionar indefinidamente una viña que no es rentable. Debemos conseguir que aquello que queremos conservar tenga un modelo económico que permita conservarlo. Porque una cosa es subvencionar la supervivencia y otra crear las condiciones para que el agricultor quiera seguir cultivando.
No todo el viñedo debe mantenerse. Pero tampoco todo el viñedo viejo debe arrancarse.
Necesitamos diferenciar entre una parcela con potencial productivo y cualitativo y otra que no lo tiene; entre una viña que puede generar valor y otra que únicamente genera costes; entre una explotación con relevo generacional y otra cuyo titular está próximo a abandonar la actividad; entre una parcela que puede adaptarse a un mercado de mayor valor añadido y otra cuyo único destino es competir por precio.
No necesitamos necesariamente más viñedo. Necesitamos un viñedo que pueda ser rentable.
La discusión sobre el arranque ya está encima de la mesa. Probablemente hay viñedos que necesitan una oportunidad y otros que necesitan una salida. Lo que no podemos hacer es tratar ambos casos exactamente igual.
Porque si una hectárea produce una uva de extraordinaria calidad pero el agricultor cobra por ella prácticamente lo mismo que por una uva destinada a un mercado de volumen, estamos destruyendo valor.
Aquí aparece otro problema: el precio.
A fecha de inicio de la vendimia 2026 todavía no existe una referencia consolidada que permita afirmar cuánto se pagará finalmente la uva. Sin embargo, lo ocurrido en 2025 ofrece una referencia preocupante. En Castilla-La Mancha se manejaron precios en torno a 23–25 céntimos por kilo para determinadas uvas, mientras que UPA llegó a señalar que una uva de 13 grados con DO Valdepeñas necesitaría situarse aproximadamente entre 60 y 65 céntimos por kilo para no trabajar a pérdidas.
Si producir una uva cuesta más de lo que se recibe por ella, la explotación no tiene futuro.
Podemos discutir la productividad, la variedad, el tamaño de la explotación, los costes de la vendimia, la poda, el gasóleo o los tratamientos. Pero hay una realidad que no podemos ignorar: si el precio de venta no cubre los costes de producción, el modelo no es sostenible.
Quizá el problema no sea que nuestras viñas viejas sean poco productivas. Quizá el problema sea que estamos pagando una uva de alto valor como si fuera una materia prima indiferenciada.
Una viña vieja no debería competir exclusivamente por kilos. Debería competir por calidad, identidad, diferenciación, historia, origen, tipicidad y capacidad de generar un vino diferente.
Y si somos capaces de hacer eso, quizá el problema no esté en la viña, sino en la cadena de valor.
Una uva puede costar 25 céntimos en el campo y convertirse después en una botella cuyo valor final es varias veces superior. El problema no es que exista valor. El problema es cómo se reparte ese valor.
Las administraciones públicas tienen una responsabilidad evidente, pero también la tienen las bodegas, las cooperativas, las organizaciones agrarias y los propios viticultores.
No podemos pedir únicamente ayudas. Tenemos que construir mercado.
No podemos pedir únicamente mejores precios. Tenemos que ser capaces de demostrar por qué nuestra uva merece un precio superior.
No podemos hablar únicamente de conservar viñas viejas. Tenemos que construir productos capaces de pagar la uva que producen esas viñas.
Un mercado que valore su producto
Castilla-La Mancha tiene un enorme potencial para pasar de competir únicamente por volumen a competir también por valor. No significa abandonar el mercado de grandes volúmenes, sino hacer convivir ambos modelos.
Tenemos que seguir siendo capaces de producir volumen cuando el mercado lo demande, pero también conseguir que nuestras mejores uvas tengan acceso a mercados donde la variable principal no sea el precio.
Y ahí las viñas viejas tienen una oportunidad extraordinaria. Una viña vieja no debería vender solamente uva. Debería vender una historia, un territorio, una diferenciación, una calidad y, por supuesto, rentabilidad para quien la cultiva.
La región tiene argumentos para hacerlo. En los primeros cinco meses de 2026, Castilla-La Mancha alcanzó 303,9 millones de euros en exportaciones de vino y derivados, y el Gobierno regional ha destacado que el objetivo no debe ser únicamente exportar más volumen, sino aumentar el valor de lo exportado.
Ésta es probablemente una de las claves.
No necesitamos únicamente vender más vino. Necesitamos vender mejor vino.
Y cuando digo mejor no me refiero únicamente a que el vino sea técnicamente mejor. Me refiero a que tenga una propuesta de valor capaz de justificar un precio diferente.
Porque si conseguimos vender una botella por más dinero pero la uva sigue pagándose igual, habremos resuelto solamente una parte del problema.
El éxito real llegará cuando ese valor adicional sea capaz de recorrer toda la cadena.
Desde el consumidor hasta la viña
Ésa debería ser una de las grandes prioridades de las políticas vitivinícolas de Castilla-La Mancha: no simplemente producir, exportar o mantener superficie, sino crear valor y repartirlo de una manera que permita mantener al viticultor en el territorio.
No todas las viñas necesitan lo mismo. No todas las explotaciones tienen el mismo futuro. No todas las variedades tienen la misma demanda. No todos los territorios tienen el mismo potencial.
Hay que identificar las viñas que tienen verdadero valor y después protegerlas. Protegerlas significa conseguir que su uva sea valorada, apoyar la diferenciación, favorecer la comercialización, facilitar la transformación, promover vinos de parcela, de viña vieja, de municipio, de territorio y de variedad, formar a los viticultores y ayudar a las bodegas a llegar al consumidor.
Y significa, sobre todo, poner un precio a ese valor.
No podemos pedirle al agricultor que conserve una viña vieja por amor a la tradición mientras le pagamos la uva como si fuera una materia prima de volumen.
La Administración debe decidir qué quiere conservar y por qué. Si queremos conservar determinadas viñas por su valor ambiental, paisajístico, histórico o genético, tendremos que reconocer ese valor. Si queremos conservarlas porque pueden producir vinos de alto valor, tendremos que crear las condiciones para que ese valor llegue al mercado.
Y si existen parcelas que no tienen capacidad de ser rentables y cuyo mantenimiento no responde a un objetivo estratégico, quizá debamos aceptar que su salida del sistema productivo puede ser una decisión racional.
Defender el viñedo no es defender cada hectárea independientemente de su realidad.
Defender el viñedo es defender las hectáreas que tienen futuro.
Defender al agricultor.
Defender el territorio.
Y defender una actividad económica que pueda sobrevivir sin depender permanentemente de una ayuda.
La vendimia 2026 vuelve a poner esta cuestión sobre la mesa. Quizá tengamos una cosecha de 20 millones de hectolitros, o quizá de 22, o quizá nos acerquemos a 24. Lo sabremos cuando la uva entre en las bodegas y cuando la climatología termine de escribir la última página de esta campaña.
Sabemos que el sector necesita vender. Sabemos que necesita recuperar consumo. Sabemos que las exportaciones atraviesan dificultades. Sabemos que los costes de producción son elevados. Sabemos que el viticultor no puede vivir permanentemente con precios que no cubren sus costes.
Y sabemos que tenemos un patrimonio vitícola extraordinario que corre el riesgo de desaparecer precisamente porque no hemos conseguido ponerle un valor económico suficiente.
Por eso, quizá la pregunta más importante de esta vendimia no sea cuántos millones de hectolitros vamos a producir.
Quizá sea otra: ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar como sociedad para que el agricultor que conserva nuestro patrimonio vitícola pueda seguir viviendo de él?
Una viña vieja puede tardar décadas en construirse. Una cepa que lleva medio siglo adaptándose a un suelo no se puede sustituir de un día para otro. Una parcela arrancada no se recupera mañana. Y un agricultor que abandona la actividad porque lleva años perdiendo dinero tampoco vuelve fácilmente.
Por eso las decisiones que tomemos ahora tendrán consecuencias durante décadas.
No podemos permitirnos perder las mejores viñas por falta de rentabilidad y después descubrir que hemos perdido también una parte de nuestra identidad vitivinícola.
Pero tampoco podemos seguir manteniendo un modelo productivo que condena al agricultor a trabajar para sobrevivir.
Porque si no conseguimos que la viña sea rentable para quien la trabaja, llegará un momento en el que no habrá política de conservación, campaña de promoción ni ayuda pública capaz de detener su desaparición.
Castilla-La Mancha no tiene un problema de falta de viñedo; tiene, en determinados segmentos y territorios, un problema de falta de valor capturado por el viñedo.
Tenemos tierra, superficie, conocimiento, variedades, viñas viejas, bodegas, cooperativas, capacidad productiva, tradición y vino.
Lo que necesitamos ahora es convertir todo eso en valor.
Y hacerlo llegar hasta quien empieza cada campaña mirando al cielo, trabajando la tierra y esperando que, después de meses de incertidumbre, alguien esté dispuesto a pagarle lo que realmente cuesta producir una uva de calidad.
Porque conservar una viña vieja no debería ser un acto de sacrificio.
Debería ser un negocio.
Y si una viña vieja es capaz de producir una uva extraordinaria, lo que no podemos permitir es que desaparezca porque nadie haya sido capaz de construir un mercado capaz de reconocer su verdadero valor.
La mejor manera de conservar nuestras viñas no es obligar al agricultor a mantenerlas. Es conseguir que quiera mantenerlas porque le resulta rentable hacerlo.
Ése debería ser, quizá, el verdadero objetivo de la política vitivinícola de Castilla-La Mancha para los próximos años.
