El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden por la que se regula el Comité de Caza, órgano de carácter colegiado de cooperación técnica entre las comunidades autónomas para la gestión cinegética.
El comité tiene como antecedente directo el Comité de Caza y Pesca, que actuaba como órgano de coordinación y análisis técnico en estas materias de competencia autonómica.
Creado en 2010 por el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), ha funcionado con normalidad desde su origen y ha continuado su actividad tras el traspaso competencial al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.
Mediante la orden publicada ahora, se formaliza la adscripción a este ministerio y su funcionamiento como órgano colegiado necesario para la coordinación entre instituciones en materia cinegética.
Competencia de las comunidades autónomas
Las comunidades autónomas tienen la competencia exclusiva de la gestión cinegética, mientras que el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación ejerce la función de coordinación de esta actividad.
Sobre este marco competencial y con el fin de garantizar la necesaria colaboración interadministrativa, el Comité de Caza es el órgano encargado de materializar dicha coordinación en la gestión cinegética.
Este órgano estará constituido por un por un representante técnico de cada comunidad autónoma y los representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pertenecientes a la dirección general de Producciones y Mercados Agrarios.
De esta forma se constituye un espacio de diálogo, debate e intercambio de aprendizajes y experiencias relacionadas con la gestión cinegética para articular la propuesta de actuaciones entre entidades responsables.
Comisión técnica
Asimismo, en el seno del Comité de Caza se crea la comisión técnica asesora como grupo de trabajo permanente y consultivo que aportará al comité apoyo con técnico y científico, reforzando la comunicación entre la comunidad científica y sector cinegético.
El Comité de Caza orientará su labor a garantizar una gestión cinegética sostenible, asegurar la conservación de las poblaciones silvestres, el control sanitario de las especies y el impulso económico y social de las zonas rurales.
Para ello, promueve una gestión integral de la fauna que tenga en cuenta todos los factores relacionados con la actividad y la coordinación necesaria entre administraciones.
