Emilio González Izquierdo
El termómetro fitosanitario de España está alertando sobre la situación generalizada que ya atraviesa varias comunidades autónomas y amenaza con lastrar la producción agrícola nacional. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas (CACOITA) ha trazado un diagnóstico sin rodeos: el campo andaluz, y por extensión el sector agrario español, se enfrenta a una situación de extrema vulnerabilidad. Plagas en expansión acelerada, rentabilidad erosionada y una caja de herramientas que se vacía a marchas forzadas.
En Almería, el pulgón ha dejado de ser una molestia estacional para convertirse en un frente activo. Avanza entre 200 y 250 hectáreas cada semana. Más de 2.000 hectáreas de cultivos hortícolas ya muestran su huella y, en zonas de cultivo al aire libre como la lechuga y la espinaca, la incidencia roza el 60-70% de la superficie. Las pérdidas en explotaciones concretas oscilan entre el 30% y el 50%. Si no se actúa con urgencia, la cifra podría superar las 10.000 hectáreas.
Pero el problema ya no conoce límites provinciales. Andalucía, junto a Murcia y la Comunidad Valenciana, suma más de 20.000 hectáreas afectadas. Millones de euros en pérdidas. Miles de empleos agrarios en la cuerda floja.
El pulgón, sin embargo, es solo la punta del iceberg. En el Poniente almeriense, el Thrips parvispinus se ha instalado en entre el 40% y el 50% de los invernaderos. Ataca pimiento, pepino y calabacín con tal virulencia que ya se registran casos de arranque de explotaciones. La crisis se replica por toda la comunidad: hasta el 70% de la superficie agrícola andaluza padece distintas patologías. Mildiu en la viña. Algodoncillo en el olivar. Plagas emergentes en hortícolas que mutan sin pausa. Y amenazas que cruzan fronteras de la mano del cambio climático y la globalización, como la avispa oriental (Vespa orientalis). Ya presente en Cádiz, Málaga, Sevilla, Granada y Huelva, devora miles de colmenas y desangra un sector apícola que no puede asumir más golpes. El riesgo biológico y fitosanitario se ha disparado. La presión sobre el agricultor, también.
Pero el verdadero cuello de botella no está en el campo… Está en la Administración. La disponibilidad de materias activas autorizadas se ha reducido a mínimos históricos. La retirada progresiva de fitosanitarios, sin alternativas viables en el mercado, deja al productor en una situación de clara indefensión técnica. La propia Junta de Andalucía ya ha solicitado al Gobierno central autorizaciones excepcionales bajo el paraguas de la normativa europea de emergencia.
La expansión de plagas, el drenaje económico y la falta de herramientas eficaces exigen una respuesta administrativa urgente, coordinada y proporcional a la magnitud del problema. No se trata solo de salvar una campaña. Se trata de garantizar la sanidad vegetal, la viabilidad de las explotaciones y el futuro de un sector que sostiene economías locales, fija población en el medio rural y garantiza la soberanía alimentaria. La alarma está sonando… Queda por ver si existe la voluntad política para actuar antes de que el daño sea irreversible.
