Ricardo Ortega
La relación entre el regante y la Administración ha entrado en una fase marcada por la digitalización. A partir de ahora habrá un control electrónico de los volúmenes utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al dominio público hidráulico. Así lo establece la orden aprobada por el Miteco que entró en vigor el pasado 1 de noviembre, y cuya entrada en vigor va a requerir un esfuerzo de modernización por ambas partes.
Manuel García Quero, presidente de la Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas, destaca que la información generada deberá ser transmitida por los titulares de los aprovechamientos mediante ficheros de intercambio digital. Esa transmisión se hará de forma periódica o incluso en tiempo real en función del volumen del aprovechamiento. De momento se continúa suministrando la información como hasta ahora.
Ya era obligatorio el uso de caudalímetros y pasar las lecturas a las confederaciones, aunque se hacía, o se hace, mediante anotaciones en papel. “Será así hasta que la Administración elabore los protocolos y guías de desarrollo técnico de la orden”, subraya. A partir de ese momento el envío de información a las confederaciones hidrográficas se realizará según la categoría del aprovechamiento y en los plazos que dictaminen las confederaciones.
“La transformación digital es compleja, con múltiples obligaciones para los usuarios del agua, pero también para la Administración, que debe impulsar la digitalización de los organismos de cuenca”, recalca García Quero. “Una vez comiencen los plazos de remisión de información electrónica a las confederaciones se verán las dificultades que, a efectos del control del agua y del Derecho sancionador, arrojará esta nueva normativa para los usuarios del agua”.
García Quero es también presidente de la Junta Central Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense. Subraya que la sustitución de los contadores les va a beneficiar para la gestión del día a día de la comunidad de usuarios, “e incluso para el día a día del regante, que va a poder ver lo que ha regado, cuándo lo ha hecho, etc”.
“Otra cosa es cómo se guardará y compartirá la información. Si por ejemplo el regante puede acceder al histórico de los datos de consumo”, subraya. “Queremos que el sistema permita hacer un seguimiento de la evolución de una masa de agua, pero que la información circule en las dos direcciones” para que la información no se use en contra del regante. Lo que reclama es que la otra parte, la Administración, “haga lo propio y se digitalice, de modo que este esfuerzo tenga sentido”.
Por eso hay que sentarse a hablar con las administraciones, “protocolizar ese intercambio de información, ya que esta se puede emplear de forma sesgada tanto por el regante como por la confederación, que se puede ver tentada de emplearla para defender su propio punto de vista y no dar su brazo a torcer”.
De hecho, ese proceso de digitalización fue una propuesta de los propios regantes “porque percibíamos que la Administración se basa en determinados datos para tomar sus decisiones, pero ¿de dónde salen esos datos?». «En la nueva etapa eso no sucederá si se hacen las cosas bien y se trabaja desde la transparencia”, destaca. También servirá para que el regante sea responsable y se conozcan sus datos, “porque si miente está haciendo trampas al solitario”.
MAYOR REGULACIÓN, MAYOR CONTROL
De forma similar lo ve José Galiano, de la compañía Hidroconta, para quien la nueva norma se traduce en una mayor regulación y control del uso del agua por parte del regante.
Al mismo tiempo, “supondrá un esfuerzo económico para la adquisición de los equipos y para su instalación”.
“La normativa implica ciertos desafíos y hay que verla como una gran oportunidad de mejora de la gestión de los recursos hídricos”, apunta Galiano. “La clave es enfocarse en los beneficios a largo plazo; asegurar que el agua se use de manera justa, eficiente y sostenible”.
La orden del Miteco establece tres categorías para los aprovechamientos en función del volumen anual máximo autorizado. Se fijan con independencia del número de captaciones y de los volúmenes anuales máximos autorizados para cada una.
Eso sí, todas las captaciones del aprovechamiento deberán disponer de sistemas de control volumétrico con las características requeridas para la categoría del aprovechamiento. La primera es hasta 20.000 metros cúbicos, la segunda se refiere al rango entre 20.000 y 500.000 metros cúbicos y la tercera es para volúmenes superiores a esos 500.000 metros cúbicos.
Los sistemas deben garantizar la fiabilidad de los datos mediante certificación. En los casos donde se requiera transmisión en tiempo real, los datos deben ser enviados automáticamente a los organismos de cuenca.
“Para una gestión moderna, que promueva el uso sostenible y responsable de los recursos hídricos, es necesario realizar un control de los usos, que permita conocer el consumo real del agua captada de los ríos y acuíferos”, apunta Galiano.
La norma es de aplicación universal, puesto que será necesario “que todos los equipos de medición cuenten con emisores de pulsos para que puedan obtener un registro de datos a través de los dispositivos digitales que se deberán instalar”.
¿QUÉ HARÁN LAS CONFEDERACIONES?
García Quero apunta que las confederaciones hidrográficas deben ahora digitalizarse y crear las redes de información hidrológica, la Modelización Digital de las Obras Hidráulicas del Estado, la Modelización Numérica del ciclo hidrológico, la Digitalización del sistema de seguridad de presas y embalses, el Libro Digital del Agua y el Registro de Aguas Electrónico.
Por su parte, José Galiano destaca que estas entidades reciben la información de los equipos digitales y la utilizan para supervisar, gestionar y garantizar un uso sostenible del agua dentro de cada cuenca. Después de la instalación de los equipos digitales de medición de volúmenes de agua, las confederaciones hidrográficas tienen varias funciones para garantizar el cumplimiento de la orden publicada por el ministerio.
Respecto a la recepción y gestión de datos, estas entidades dependientes del Miteco deberán verificar que los titulares de aprovechamientos envíen los datos en los plazos y formatos establecidos.
En el nuevo escenario, las confederaciones utilizarán esos datos para la gestión del recurso, de modo que podrán evaluar el impacto de los consumos en la disponibilidad de agua, optimizar la planificación hidrológica y vigilar el cumplimiento de caudales ecológicos, además de evitar extracciones ilegales.
DUDAS PENDIENTES DE SOLVENTAR
Ruperto Mesas, presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de Castilla-La Mancha, advierte de diferentes aspectos legales que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, “el hecho de que los individuos no están obligados a tener una relación directa con la Administración”, puesto que “solo tienen esa obligación las sociedades mercantiles”.
“Por eso hay voces que quieren endosar esa función a las comunidades de usuarios”, recalca, “pero el ser intermediario entre regante y Administración supondría una sobrecarga muy importante de trabajo a coste cero. Y mientras tanto se destinan recursos públicos a contratar a empresas semipúblicas para la realización de determinadas labores en relación con el regante”, lamenta. De este modo, «se genera una laguna legal respecto a los aprovechamientos de un titular individual”.
Ahora llega una obligación de poner nuevos contadores, “pero hay regantes que habían puesto los anteriores pocos años atrás y ahora deberán realizar una nueva inversión, porque algunos no son adaptables al kit de digitalización que deberá emitir la telemedida”.
“Quizá lo más triste sea que en menos de tres años se han puesto esos contadores gracias al esfuerzo realizado por las comunidades de usuarios, cosa que la Administración hidráulica no ha sido capaz de hacer en medio siglo. Y ahora nos quieren obligar a tirar esos contadores”, denuncia.
