Ricardo Ortega
Finalizada la campaña de riego, agricultores y comunidades de regantes han hecho balance del primer año de los diferentes planes hidrográficos de cuenca, entre los que se percibe un común denominador: las confederaciones hidrográficas dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y los regantes ven en su gestión más de lo primero (medio ambiente) que de lo segundo (garantizar la actividad en el medio rural y fijar población).
En palabras de Jesús Ángel Lamuela, presidente de la Junta Central del Jalón, “a veces se adoptan decisiones políticas como si el país no existiera, pero somos 47 millones de personas que tenemos que alimentarnos”.
Este regante de la cuenca del Ebro diferencia entre las medidas que se deben adoptar para modernizar el sector, que son positivas, y las que se adoptan “que a veces rozan el absurdo”. “Las acciones para ahorrar agua son correctas, pero hay que definir lo que es ahorro y lo que es reducir las dotaciones en el ámbito agrario”, recalca, puesto que “si la sociedad nos demanda que produzcamos alimentos de calidad a precios competitivos, se trata de una meta imposible si no contamos con agua”.
Es un debate que se debe afrontar pensando en el futuro, “ya que con las dotaciones actuales podemos producir cereal o forrajes, pero si en el futuro se nos piden productos de mayor valor añadido, más demandantes de agua, será imposible”, advierte.
En ese proceso, “que va a ser absolutamente necesario”, se debe realizar un análisis riguroso y pensar bien cada paso que se dé, “puesto que el Ministerio lo único que persigue es reducir la dotación a toda costa, y cada reducción que se nos aplica es un agua que ya no vamos a recuperar”. En su opinión, “la situación en España es preocupante porque nos enfrentamos a un escenario en el que podemos cargarnos cultivos y acabar cerrando pueblos”.
Aguas subterráneas
Mal lo tienen los regantes con agua de sondeos. Armando Caballero, presidente de la Asociación de Regantes de Aguas Subterráneas, denuncia la “prohibición total” de otorgar nuevas concesiones para ganadería y regadíos en zonas vulnerables en mal estado químico o en riesgo de estarlo.
En su opinión, “esa prohibición no tiene en cuenta que estas actividades adecuadamente realizadas no tienen por qué incrementar los excesos de nitrógeno en el agua”.
También considera “intolerable” la aplicación de peajes por modificación de características “que vienen justificadas por necesidades agronómicas y que no influyen en el consumo de agua”.
Uno de los afectados es Diego Hernández, de Villarmentero de Esgueva (Valladolid), que lamenta que en la cuenca del Duero “todas las aguas se han declarado en riesgo”, con “pasos atrás” muy importantes. Por ejemplo, en relación con la prohibición de que la concesión vigente se pueda compartir con la parcela de al lado, aunque sea del mismo propietario. “Pero es que al mismo tiempo la PAC me obliga a rotar mis cultivos, lo cual no tiene ningún sentido”.
Lo más triste es que “no sabemos de dónde sale ese dato de que las aguas están en mal estado”, además de constatar que “van contra el regadío”. “Con todo lo que invertimos y todo lo que trabajamos, vemos que acaba el año y que nuestro beneficio se va en sanciones, con lo que al final nos están obligando a pasar al secano”, lamenta.
Escasas actuaciones
Se muestra muy crítico con los recortes de agua el secretario de Ferduero, Manuel Mantecón, que al mismo tiempo pone el dedo en otra llaga: “No se ha avanzado demasiado respecto al paquete de obras de regulación que incluía el Plan Hidrológico del Duero” para aguas superficiales. Tampoco en relación con la reparación de infraestructuras. Por ejemplo en relación con canales de áreas modernizadas de la provincia de León.
Con carácter general, se ha asistido a la reducción de la superficie de regadío o del agua disponible para determinadas comunidades de regantes, tanto de aguas subterráneas como superficiales.
“Vemos a una Confederación Hidrográfica del Duero a la que le salen las cuentas gracias a esas reducciones, mientras por otro lado no se ejecutan las medidas que están aprobadas en el plan hidrológico”. Por eso “reclamamos que se ejecuten las medidas aprobadas y que no vayan pasando de un plan hidrológico al siguiente”.
En la misma línea argumenta Juancho Rodríguez, de Unión de Uniones, quien recuerda el hincapié que planes como el de la cuenca del Duero hacen en cuestiones como nuevas regulaciones, nuevos regadíos, aguas subterráneas, contaminación difusa y cambio climático.
Sin embargo, “lo que se ha visto desde que han entrado los planes hidrológicos vigentes es que cada vez hay más exigencias ambientales y cada vez más recortes en el agua disponible”. Por ejemplo, “se preveían pequeñas obras, como balsas de riego o pequeños recrecimientos en los embalses, y sigue todo por hacer”. “Los únicos avances que se vislumbran son en la imposición de nuevas trabas, nuevos recortes y nuevas sanciones”, denuncia.
Sin dinero para obras
“El Plan Hidrológico es un ‘tocho’ enorme que se leen muy pocos técnicos y en el que solo funcionan las medidas ambientales, pero donde no se ve el dinero en obras”, subraya.
Y es que para él resulta “muy preocupante” la paralización de actuaciones “porque estábamos acostumbrados a que se realizaran pocas obras”, pero desde que el cambio climático es una realidad más que palpable “vemos que en cada renuncia por parte de los regantes ya no hay marcha atrás: es un terreno que se ha perdido de forma definitiva”.
En su opinión, las confederaciones hidrográficas son los únicos organismos del Estado que no se han democratizado: “Las organizaciones agrarias allí no pintamos nada; solo vamos como oyentes. Pero lo adecuado sería acudir y participar, como usuarios que somos”, recalca. No habla Rodríguez de meras cuestiones formales, sino que esa falta de participación “se traduce en una avalancha de sanciones por todo tipo de cuestión, como cuando se hace un cambio de uso a una toma de agua”.
Por eso echa de menos figuras como la de José Valín, consejero de Agricultura de Castilla y León y después presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero. “Entendía las necesidades del regante. Es lo que sucede cuando hay responsables públicos que conocen el sector y con los que se puede hablar”.
En cuanto a las aguas subterráneas, la buena noticia es la puesta en marcha de numerosas CUAS, pero habría que ir a una interpretación generosa de la Directiva Marco del Agua, que es demasiado estricta y que lleva a acribillar “a regantes de zonas no problemáticas, en las que los pozos apenas tienen cuatro metros de profundidad”. También advierte contra una interpretación excesivamente generosa del Convenio de la Albufera, que establece el caudal del Duero que se le deja a Portugal tras atravesar las aguas españolas. Pero ese tratado se negoció en los años 90 “y hay que renegociarlo porque las cosas han cambiado mucho”.
