El real decreto-ley de medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, contempla líneas de apoyo específicas para los sectores agrario y pesquero.
Se trata de un «potente» paquete de ayudas por un valor superior a 877 millones de euros. Principalmente, se establece una ayuda directa a agricultores para la compra de fertilizantes, una subvención de 20 céntimos por litro para la compra de gasóleo de uso agrícola y una compensación económica para los buques pesqueros por el incremento de los costes de producción.
El real decreto-ley contempla también ayudas de acceso a la financiación específicas para los sectores agroalimentario y pesquero y, en materia fiscal, la exención durante tres meses de la tasa de la pesca fresca.
Además de beneficiarse de las ayudas generales aprobadas a las que las empresas del sector agrícola y pesquero puedan tener derecho, el real decreto contiene medidas específicas debido al impacto que el conflicto bélico tiene ya en el flujo comercial de las materias primas, y en particular en el incremento de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes.
La agricultura, la ganadería y la pesca constituyen un sector estratégico para le economía española y juega además un papel esencial en la seguridad alimentaria.
Las medidas específicas contempladas son:
Se prolongará hasta el 30 de junio y los agricultores y ganaderos que tengan derecho a ella no tendrán que realizar ningún trámite adicional. Se considerará solicitada la ayuda con la presentación de la petición de la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, del que están exentos los agricultores y ganaderos. Para financiar esta medida se contempla un presupuesto de 52 millones de euros.
Los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido por el conflicto bélico y la medida trata de paliar el impacto de este incremento en las explotaciones agrarias.
El Gobierno ya dio una ayuda similar tras la invasión rusa de Ucrania, pero en esta ocasión, a diferencia de entonces, se beneficiarán no solo a los agricultores que reciben ayudas de la Política Agraria Común (PAC), sino todos los que estén dados de alta en los registros de explotaciones agrarias. El presupuesto de esta medida asciende a 500 millones de euros.
El real decreto-ley amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA para el sector agroalimentario y pesquero, una de las medidas de apoyo habilitadas tras la invasión rusa de Ucrania. El fondo para la subvención del principal de los créditos se dota con 225 millones de euros, mientras que los 75 millones restantes se destinan a sufragar los avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) necesarios para la obtención de los créditos.
