La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional confirmó el 21 de febrero la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de julio de 2019, que determinó que varias empresas lácteas (Pascual, Danone, Lactalis, Nestlé, Puleva y Capsa, junto con Celega, Schreiber y dos gremios regionales de Catalunya y Galicia) participaron en un cártel para intercambiar información comercial sensible con el fin de coordinar la compra de leche en España. Esta acción confirma nuevamente la existencia de cárteles que distorsionan la competencia al elevar los precios y competidores.
La sentencia ha generado un impacto significativo, con una sanción de 80 millones de euros poralrededor de 5.000 demandas presentadas por afectados representados por la organización agraria Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
Se estima que más de 49.000 ganaderos en toda España se vieron afectados por esta práctica colusoria durante los años en los que operó el cártel (de 2000 a 2013), y se espera que el número de reclamaciones aumente tras esta ratificación del comportamiento ilícito por parte de la Audiencia Nacional.
Multas de más de 8 millones de euros
El tribunal confirmó que hubo una concertación entre las empresas entre los años 2000 y 2013, considerando esta infracción como “muy grave”. Las multas impuestas varían, desde los 8,5 millones de euros a Calidad Pascual hasta los 929.644 euros a Schreiber Food España, según lo establecido en las sentencias emitidas por la Audiencia Nacional.
En cuanto a las sanciones impuestas, la Audiencia Nacional rechazó los argumentos de las empresas que impugnaron la sentencia de la CNMC, considerando que las multas no son arbitrarias y se ajustan a las circunstancias particulares de cada caso. Algunas empresas como Comercial Alimentaria Peñasanta, Danone, Industrias Lácteas Granada (Puleva) y la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga) vieron parcialmente estimado su recurso debido a la prescripción de algunos periodos investigados.
Ahora solo queda reclamar. Cualquier ganadero puede hacerlo, “independientemente de que le hubiera entregado la leche a una de esas nueve o a otra, porque la AN dice que alteraron el precio del mercado, y el ganadero tiene derecho a reclamar por lo que le deberían haber pagado y no le han pagado”, aportan desde la Asociación de Ganaderos Productores de Leche (AGAPROL).
Las OPA animan a pedir las indemnizaciones
Algunas Organizaciones Profesionales Agrarias, como Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, han animado a los ganaderos del sector lácteo que todavía no hayan reclamado la indemnización por estos “abusos”. Unión de Uniones explica que estas prácticas contravienen la Ley estatal 15/2007 de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La OPA destaca los “perjuicios económicos ocasionados en un sector en crisis desde hace tiempo” y anima a los ganaderos a pedir su indemnización que “podría ir, por ejemplo, desde los 25.000 hasta los 35.000 euros por año de producción entre el periodo del año 2000 al 2013 teniendo 100 animales”.
La Audiencia Nacional también ratificó dos multas de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) a Mercadona “por no cumplir con la Ley estatal 12/2013 de la cadena alimentaria. La empresa distribuidora ha sido sancionada por comprar leche a dos de sus principales proveedoras para marca blanca por debajo de los costes de producción”.
Ya en 2022, Unión de Uniones entregó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) donde pedía que investigara y sancionara a Mercadona, Bonpreu y Lidl “por fijar precios idénticos en la venta del cartón de leche de vaca UHT de marca blanca, como mínimo, durante tres años y cuatro meses seguidos, entre los años 2018 y 2022”. Posteriormente, se amplió la información aportada en cuatro ocasiones, logrando el seguimiento de los precios hasta 2023.
Unión de Uniones insiste en la importancia de dotar a la AICA de mayores recursos para que pueda hacer una tarea de seguimiento y mejor control que pueda fijar multas que disuadan a la industria y a la distribución de cometer “este tipo de abusos que perjudican a los ganaderos y a toda la sociedad”.
“Si a los ganaderos les van apretando tanto, seguirán abandonando su actividad. Se producirá menos leche y lo acabará pagando el consumidor de su bolsillo”, aporta Alfredo Berrocal, responsable de sectores ganaderos de Unión de Uniones.
Para Berrocal, los que tienen “la clave para que esto no ocurra” son la industria, la distribución y el Ministerio “con sus mecanismos”.
