El Gobierno trabaja con las comunidades autónomas para cerrar una posición común ante la recta final de las negociaciones sobre la futura Política Agraria Común (PAC), correspondiente al periodo 2028-2034. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reclamado a las consejeras y consejeros autonómicos mantener la unidad para reforzar la posición española en las conversaciones que se desarrollan en el seno de la Unión Europea.
La presidencia irlandesa de turno del Consejo de la UE prevé que durante este semestre pueda alcanzarse un acuerdo político sobre el reglamento de la futura PAC, lo que obliga a los Estados miembros a concretar sus posiciones sobre los principales elementos del nuevo modelo.
Durante los Consejos Consultivos de Políticas Pesquera y Agrícola para Asuntos Comunitarios, Planas ha trasladado a las comunidades autónomas distintas cuestiones sobre las que España debe fijar posición. Entre ellas figuran la configuración de la nueva Ayuda Decreciente a la Renta por Superficie (DABIS), que sustituirá básicamente a la actual Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, el régimen de pequeños agricultores, los topes máximos y mínimos de las ayudas, los pagos asociados, las intervenciones sectoriales y la arquitectura medioambiental.
“Si nos mantenemos unidos ganamos, si no lo estamos tenemos muchas posibilidades de fracasar”
Ha señalado el ministro, que ha defendido la necesidad de preservar el consenso alcanzado hace un año entre el Gobierno y las comunidades autónomas, posteriormente respaldado también por las cooperativas agroalimentarias y las organizaciones profesionales agrarias.
España sitúa el presupuesto como una de las líneas rojas
La financiación continúa siendo uno de los principales ejes de la posición española. El acuerdo alcanzado hace un año establecía como objetivos que la nueva PAC contase con una dotación suficiente —como mínimo equivalente a la del actual periodo—, que mantuviese su carácter de política diferenciada y personalidad jurídica propia y que no se produjese una renacionalización de la financiación.
Según ha explicado Planas, la propuesta inicial de la Comisión Europea ha evolucionado en estos aspectos. La futura PAC contará con un reglamento específico, separado de los Planes Nacionales y Regionales de Asociación (PNR), mientras que el Gobierno considera que la negociación permite perfilar una dotación financiera similar a la del periodo actual.
España tiene asignados actualmente 37.235 millones de euros en fondos reservados para la PAC durante el periodo 2028-2034, cantidad que podría incrementarse mediante dos mecanismos de flexibilidad. El primero contempla reasignar a la PAC el 10 % de los fondos de los PNR que deben destinarse por normativa a las zonas rurales. El segundo sería la revisión intermedia, pendiente de cómo quede finalmente configurado el Marco Financiero Plurianual (MFP) y que cuenta con el respaldo del Parlamento Europeo.
El 10 % de las ayudas para los jóvenes
La arquitectura propuesta por la Comisión Europea contempla 18 intervenciones, de las que 12 dispondrían de una asignación presupuestaria reservada. Cuatro de ellas tendrían financiación exclusivamente europea: la DABIS, las ayudas complementarias para jóvenes, el régimen simplificado para pequeños agricultores y las ayudas asociadas.
En este ámbito, España defiende que el 10 % de las ayudas se destine a los jóvenes agricultores, una propuesta que, según el Ministerio, cuenta con el respaldo de todas las comunidades autónomas. El Gobierno también plantea mantener el nivel de las ayudas asociadas.
Una de las cuestiones pendientes de la negociación afecta a las intervenciones que actualmente exigirían una cofinanciación nacional del 30 %. España rechaza esta fórmula y reclama que se mantenga la financiación europea en determinados sectores, especialmente en las intervenciones dirigidas al sector vitivinícola y al de frutas y hortalizas, con el argumento de evitar posibles distorsiones de mercado.
Más fondos para desarrollo rural e innovación
Las seis intervenciones que no cuentan con presupuesto reservado quedarían vinculadas a la asignación del Plan de Colaboración Nacional y Regional. Entre ellas se encuentran instrumentos como el programa LEADER, destinado al desarrollo rural, y las ayudas a la innovación.
La posición española pasa por dotar a estas intervenciones de una reserva presupuestaria específica. El Gobierno también mantiene su reivindicación de una financiación propia para el POSEI de Canarias, con una cuantía de al menos 268 millones de euros anuales, equivalente a la dotación del actual periodo.
La negociación deberá concretar, por tanto, no solo el volumen global de recursos, sino también el grado de garantía presupuestaria de las distintas líneas y el reparto de responsabilidades financieras entre la UE y los Estados miembros.
España considera insuficientes los fondos para la pesca
Los Consejos Consultivos también han abordado la financiación de la Política Pesquera Común (PPC). La propuesta de la Comisión Europea ha elevado hasta 4.000 millones de euros la dotación inicialmente planteada para los fondos pesqueros, pero el Gobierno español considera que esta cantidad es insuficiente y reclama alcanzar una cifra equivalente a los 6.108 millones de euros del periodo actual.
El proceso de revisión de la PPC avanza, además, a un ritmo diferente al de la PAC, ya que la Comisión Europea todavía no ha presentado su propuesta. En este contexto, España reclama que la futura política pesquera y su instrumento financiero permitan afrontar el relevo generacional y la modernización de la flota.
Entre las prioridades planteadas por el Gobierno figuran la modernización y descarbonización de los buques, así como la mejora de sus condiciones de habitabilidad y seguridad.
España también propone flexibilizar el uso de los fondos pesqueros, entre otras cuestiones mediante la eliminación del límite del 15 % para la adquisición de buques por jóvenes, la posibilidad de financiar la modernización de motores y el incremento del arqueo bruto.
Asimismo, el Gobierno plantea eliminar la prohibición de conceder ayudas a buques de más de 24 metros de eslora. El argumento es que la dimensión del buque no debe equipararse necesariamente con una mayor capacidad pesquera, ya que también está relacionada con aspectos como la habitabilidad, el confort y la seguridad de las tripulaciones.
Con la negociación europea entrando en una fase decisiva, el Ministerio busca ahora cerrar con las comunidades autónomas una posición española común sobre los principales elementos de la futura PAC y reforzar su capacidad de negociación antes de que los Estados miembros concreten el acuerdo político.
