Después de un inicio de año en el que el campo mostró su hartazgo en las calles y carreteras de toda España, el Ministerio de Agricultura dirigido por Luis Planas pactó con UPA y Unión de Uniones llevar a cabo un paquete de 43 medidas para ayudar al sector. Aunque ese compromiso no convenció del todo, es cierto que sirvió para aplacar los ánimos y finalizar las protestas. Pero meses después de esas semanas de agitación, las cosas no han cambiado demasiado, o eso es lo que dan a entender los principales protagonistas de todo esto.
Durante el mes de julio se celebró una mesa de seguimiento del acuerdo de las citadas medidas en la que se constató que 14 de ellas ya están ejecutadas, y, según el Ministerio, otras 12 están en estado avanzado. La mayoría de las que están implementadas tienen que ver con la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), en concreto las relativas a la condicionalidad reforzada para el acceso a las ayudas y la exención de controles a las explotaciones de hasta 10 hectáreas de superficie, que son el 55 % de las perceptoras de estos apoyos en España. Además, también se encuentra en estado avanzado la modificación del Plan Estratégico nacional de la PAC de cara al próximo año agrícola, que comienza en otoño.
Si en algo coinciden todos los actores es en señalar que se ha hecho relativamente poco todavía. La valoración acerca de las medidas referentes a las simplificaciones de la PAC que sí se han implementado es unánimemente positiva, sin embargo, algunos interlocutores indican que el compromiso gubernamental no ha tenido mucho que ver. “Fue un acuerdo a nivel europeo”, señala Lorenzo Rivera, de COAG.
UPA, que fue una de las firmantes, ha obtenido la garantía del equipo de Luis Planas de que las 43 medidas “sean una realidad completa en 2024”, aunque surgen dudas de que pueda llegar a cumplirse. Por su parte, ASAJA directamente califica de “absolutamente insuficiente el acuerdo” a pesar de las medidas ya implementadas, y aunque se concretasen las restantes. “Nuestra postura no cambia. No se ha avanzado nada en precios, nada en seguros, no se han visto cambios en la ganadería… Ha habido flexibilizaciones en la PAC, sí, pero no se ha producido el cambio radical que necesita el campo en toda esa política”, critica Donaciano Dujo, presidente de ASAJA en Castilla y León.
Discordia por romper la unidad de acción
La ruptura de la unidad de acción entre las diferentes organizaciones agrarias ha sido otro punto de discordia. Dujo asegura que se ha perdido fuerza para “presionar” a las administraciones y que el acuerdo ha generado “división en el campo otra vez”. Lorenzo Rivera cree que el “ministro erró forzando un acuerdo sin el apoyo de todos, lo hizo por una decisión política, para calmar. Es un acuerdo que no se puede definir como de éxito”.
Unión de Uniones fue una de las dos asociaciones que suscribieron las 43 medidas, porque consideran que “están en línea con su tabla reivindicativa de las pasadas movilizaciones y tractoradas”, sin embargo, ya han salido recientemente a la calle otra vez para protestar. En este caso por los ataques del lobo, que están produciendo importantes pérdidas para los ganaderos.
Y desde COAG no se descarta un otoño movido si la situación, especialmente en los precios, no mejora. Esta organización ya tiene previstas reuniones a nivel nacional para establecer un programa de actuaciones, y volver a manifestarse está entre las opciones más probables.
El precio preocupa
La medida número 20 del paquete dice literalmente que “El Gobierno reforzará la capacidad inspectora de la Agencia de Control e Información Agroalimentario (AICA), convirtiéndola en una Agencia Estatal (rango de dirección general), con medios humanos y materiales que permitan incrementar y reforzar significativamente su capacidad inspectora”. Esta agencia es quien debe velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, pero el campo considera que no ha hecho su trabajo. Según el Gobierno, este compromiso está en marcha, pero no se han aportado plazos ni claves concretas de cómo serán las nuevas atribuciones de la AICA. Y esto preocupa mucho.
“Se marcaron unos objetivos muy poco concretos. Y se pueden hacer cosas. Garantizar unos precios positivos para el agricultor es clave, y hay formas de hacerlo”. Indica Lorenzo Rivera. El representante de COAG señala la crisis de cotizaciones que está viviendo el cereal como síntoma de los problemas troncales del sector, y aporta soluciones.
“En países como Polonia se dan ayudas a la venta para los agricultores. Y se pueden revisar otros contratos, porque en puerto entra mucho cereal de Canadá, Argentina… Hay que primar la compra de producto nacional. Se puede hacer”. Rivera tiene claro que el precio es la garantía para cualquier sector. “Si hay precio la gente siembra. Se ha visto con la remolacha, cuando ha subido el azúcar las hectáreas han vuelto a subir”.
Parón momentáneo en algunas medidas
El control de las importaciones y los productos de terceros era la medida 18 del acuerdo, y es uno de los mayores caballos de batalla de los profesionales. El Gobierno asegura que hay “conversaciones interministeriales que están en curso para coordinar los trabajos de los servicios de control en frontera”.
La mesa de seguimiento también trató avances en la facilitación de crédito al sector agrario (medida 37). El objetivo es habilitar una línea de financiación de aproximadamente 625 millones de euros para las empresas del sector agrario, en el que SAECA asumirá el 80 % de la cobertura de garantía, pero la convocatoria aún está en trámite, y la inquietud del sector aumenta.
