Edu Mongil
La flexibilidad de la PAC para la próxima campaña es una de las principales demandas que tiene el campo español ahora mismo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, envió la semana pasada una carta a los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas en la que advertía directamente a los gobiernos regionales de que la Comisión Europea podría efectuar correcciones si se exceden en las relajaciones.
Concretamente, el texto pide que las instituciones autonómicas basen las flexibilidades “en un análisis detallado de las condiciones climáticas de su territorio, para evitar posteriores correcciones financieras de la Comisión Europea que afecten a sus agricultores y ganaderos”.
La primera comunidad autónoma que ya ha puesto negro sobre blanco su proyecto de medidas ha sido Andalucía, pero se desconoce aún el calendario de plazos para el resto de regiones. El Boletín andaluz apunta a la sequía como la justificación principal para las flexibilizaciones, tras un año hidrológico 2022/23 con valores un 35% inferiores a los normales.
Dentro de esas flexibilizaciones se pueden destacar la reducción del período mínimo de pastoreo a 90 días, la rebaja al 25% de la superficie de tierra en la que se debe presentar un cultivo diferente en rotación de cultivos mejorantes, y el aumento al 40%, la superficie máxima de barbecho. Además, se baja a 2 meses el período mínimo en el que la cubierta vegetal debe permanecer viva. También se establecen más permisos para la aplicación de fitosanitarios cuando haya plagas u otras circunstancias que lo justifiquen.
Las organizaciones agrarias andaluzas han acogido de forma positiva la publicación de las relajaciones, especialmente por su prontitud, lo que permitirá a los profesionales planificar mejor la campaña. Aun así, desde Asaja Andalucía consideran todavía “insuficientes” estas medidas debido a las guerras actuales y a la sequía. “Aún no hay un tempero óptimo, a pesar de las últimas lluvias”, apuntan desde la asociación.
¿Qué pasa en el resto del país?
Se puede hablar de una situación de expectativa en las comunidades autónomas restantes, ya que no se prevén medidas concretas en los próximos días.
En Galicia se celebró una conferencia sectorial sobre la aplicación de la PAC en el mes de julio entre representantes de la Xunta y del campo gallego. En esa reunión se remarcó la importancia del vacuno de leche, y se acordó ayudar a los agricultores jóvenes con el importe máximo permitido, un 2% de los fondos.
Las organizaciones pidieron flexibilidad en la utilización del cuaderno digital, entre otras reclamaciones, pero según apuntan desde ASAGA “no se esperan aún medidas concretas y efectivas hasta comienzo de año”.
En Aragón se juntaron hace dos semanas las organizaciones agrarias y el Gobierno aragonés, en una reunión que transcurrió en buena sintonía. Según Federico Lorente, presidente de la asociación ARAGA, la predisposición del ejecutivo regional para tomar medidas de flexibilización es “total” debido a la sequía, y destaca la unidad de acción de todos los colectivos de representantes del campo. No obstante, aún no tienen fechas concretas de cuándo se pronunciarán oficialmente las instituciones autonómicas.
Entre sus demandas están la reducción de la carga burocrática y el papeleo, que haya menores exigencias para la monitorización de cultivos y, como ya se ha aprobado en Andalucía, el aumento de los barbechos, de los plazos de laboreo y de los permisos para aplicación de los fitosanitarios.
En Castilla-La Mancha la pelea principal de los profesionales es que se mantengan las flexibilizaciones de la pasada campaña, con especial interés en la ganadería. A la sequía se le unen la escasez de paja y forrajes, motivos por los que según Manuel Torrero, presidente de Asaja en la comunidad autónoma, suponen una “una carga muy grande para los ganaderos”.
La región castellanomanchega comparte muchas características con Andalucía, por lo que en las reuniones mantenidas con la Consejería han pedido medidas similares como la reducción a 2 meses del mantenimiento de las cubiertas vegetales, o una mayor flexibilidad en el uso de fitosanitarios.
Aun así, Torrero se muestra preocupado por la nueva PAC a la que califica como “un gran problema”, y anuncia dificultades muy importantes en el cumplimiento de algunas exigencias “hay a muchos profesionales que les va a costar más cumplir los requisitos de los ecorregímenes que lo que van a obtener después, la flexibilización es imprescindible”, comenta el presidente de Asaja en Castilla-La Mancha.
Además, asegura que hay un “cierto temor” tras la carta de Luis Planas por si las comunidades autónomas tendrán que soportar penalizaciones que acaben repercutiendo “de una manera u otra” en los profesionales del campo.
En Castilla y León se aprobó elaborar un documento con propuestas entre la Junta y todas las organizaciones, cumpliendo el objetivo de “una sola voz”.
Según Aurelio González, coordinador de la Alianza UPA-COAG de Castilla y León, han exigido ser “proactivos y decididos a hacer flexibilizaciones para que no pasara lo mismo que en la anterior campaña”, en la que hubo medidas de flexibilidad de otros territorios que no se incluyeron en el proyecto de esta comunidad autónoma para el año pasado.
