Ricardo Ortega
Cloropicrina y dicloropropeno son fungicidas prohibidos en Europa, pero necesarios para la supervivencia de los viveros de fresa en España. ¿Cabría su aplicación? La respuesta es positiva para Pedro Gallardo, portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, defensor de que España siempre tiene la posibilidad de aprobar el uso excepcional de una materia activa.
“El problema es que el Gobierno de España es muy reticente a las excepcionalidades”, señala Gallardo, para quien este “empecinamiento” pone al sector en una posición de desventaja frente a países de nuestro entorno y con una agricultura similar.
Esa posición no competitiva de España se deduce de la comparación, elaborada por Gallardo, de las excepciones aprobadas por Francia o Italia. Según estas cuentas, Francia ha aprobado 87 excepciones e Italia 85, mientras en el mismo periodo España apenas ha dado el visto bueno a 31.
En el caso de la cloropicrina y el dicloropropeno “la situación podría acabar con el sector”, que suma 1.500 hectáreas de planta de fresa, mayoritariamente situada en Castilla y León y que se multiplica cuando se habla de producción de fresa en provincias como la de Huelva: unas 11.000 hectáreas. Frente a esos productos, las alternativas que se ofrecen desde el Ejecutivo “no son válidas porque la planta llega en muy mal estado a Andalucía”.
En principio, la posición del Gobierno es la de mantenerse dentro de la media de excepcionalidades de otros Estados de la UE, “pero España necesita más porque su clima y su agricultura son los que son”, apunta.
Es lo que sucede en zonas productoras como Huelva, donde se concentra el 90% de la producción nacional de frutos rojos, y donde la falta de tratamientos adecuados “ha provocado una disminución de la productividad de hasta un 60%.
Por eso Gallardo, tras de reunirse con diferentes agentes del sector, ha canalizado las necesidades de los viveristas y las ha llevado a la Comisión de Agricultura del Congreso por medio de una Proposición No de Ley, que ha salido adelante.
El texto que ha sacado adelante la formación conservadora destaca que la producción en vivero «es especialmente importante para algunas regiones». Así, en Castilla y León se dedica cada año una superficie de 1.500 hectáreas y una producción de más de 900 millones de plantas de fresa.
Se estima un valor comercial de aproximadamente 140 millones de euros y se generan, en zonas rurales consideradas despobladas, unos 4.000 empleos directos que sirven de motor económico y social. «Además, se trata de un sistema de producción certificada que confirma y acredita su calidad y sanidad», recalca.
El reglamento técnico de control y certificación de plantas de fresa certificadas exige un estricto control sanitario «que solo se puede conseguir con la desinfección correcta del suelo previo a la plantación». Sin embargo, «los tratamientos disponibles tienen restricciones en la dosificación y frecuencia, lo que limita su eficacia y imposibilita a los productores garantizar la calidad y sanidad de sus plantas».
Los métodos no químicos, como la solarización o el vapor, «son complementarios y no parecen ser suficientes dado que su uso depende de condiciones ambientales como la temperatura y largos periodos de tiempo para lograr un adecuado nivel de desinfección», subraya la proposición.
Las consecuencias de la falta de tratamiento adecuado son: aumento de malas hierbas, que generan mayores costes al requerir una retirada manual, disminución de la producción, reaparición de enfermedades y dificultades para garantizar todas las exigencias sanitarias de los países receptores comprometiendo la exportación.
En la provincia de Huelva se cultivan más de 11.000 hectáreas de frutos rojos, donde se concentra el 90% del total de la producción nacional, que a su vez depende de las plantas suministradas por los viveros de Castilla y León. Los datos de la campaña pasada cifran las exportaciones de frutos rojos en torno a 440 mil toneladas con un valor de las exportaciones de más de 1.700 millones de euros, cifras de exportación que en su gran mayoría son generadas por la producción de Huelva.
«La repercusión socioeconómica de estos cultivos es muy significativa al generar empleo para más de 80.000 personas en cada campaña», subraya el PP.
Por otra parte, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), ha realizado un estudio sobre “Nuevas estrategias en la desinfección de suelos de viveros de fresa en Castilla y León (Viveros de fresa)” en la que concluye que “un insuficiente sistema de protección fitosanitaria, en este caso de fumigación de suelos, llevaría a la imposibilidad de cumplir con los requisitos de calidad fitosanitaria reglamentariamente exigidos y muchas parcelas de vivero no podrían obtener el Certificado Fitosanitario”.
