Desde la Alianza se lamenta que el profesional se ha encontrado «ante una PAC muy compleja desde el punto de vista técnico, un nuevo sistema para calcular los fondos y bastante menos presupuesto». Además, «con más retraso a la hora de saber realmente lo que había derecho a cobrar, toda vez que el Ministerio de Agricultura no fijó la cuantía provisional de los derechos de pago base hasta casi finalizado el año».
La Ley de la cadena Alimentaria
En el año 2015 se han multiplicado denuncias relacionadas con el incremento del «abusivo» diferencial de precios entre origen y destino, unido a la especulación con los productos agrarios por parte de los intermediarios y almacenistas, las prácticas de ventas a pérdidas y los abusos de la industria, el uso de productos 'reclamo´ en los lineales o la falta de equilibrio en la cadena de valor debido al abuso de poder de la distribución en las negociaciones comerciales con los agricultores y ganaderos, según la Alianza.
Paralelamente a estos hechos los altos costes de producción (energía eléctrica, gasóleo, fertilizantes o fitosanitarios) han afectado seriamente a las rentas del sector debido al elevado coste de estos 'inputs´, mientras que los precios de las producciones en algunos casos se han mantenido y en otros casos se han hundido por lo que el balance de resultados desde el punto de vista de la rentabilidad ha sido negativo.