El uso del agua de nuestros ríos y arroyos para los aprovechamientos agrícolas, que demandamos desde nuestros campos, y para otros aprovechamientos como los urbanos, industriales o hidroeléctricos, puede afectar a la calidad y cantidad de las masas de agua y al medio ambiente asociado; produciendo deterioros irreversibles que producirían, en un breve espacio de tiempo, la desaparición de las explotaciones, por la falta de este recurso esencial para su supervivencia.
El adecuado control y vigilancia de su uso se realiza a través del ejercicio de funciones que podríamos denominar de policía, entendida en el sentido de garantía del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y del bienestar común. Así se da respuesta a la exigencia, inserta tanto en la legislación europea como en la propia Constitución, de que los poderes públicos velen por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida, y defender y restaurar el medio ambiente.
Por la buena gestión
Una de las funciones encomendadas a las confederaciones hidrográficas, a través de sus comisarías de aguas, es el ejercicio de esta función de policía de aguas que, como decimos, consiste fundamentalmente en la vigilancia del uso del agua de nuestros ríos, así como en la vigilancia de las actividades que se realizan en su entorno y que pueden afectar a la calidad de las masas de agua y el medio ambiente asociado. Para ello se comprueba que se respetan los usos autorizados y que las actividades que se llevan a cabo cumplan la normativa establecida en la Ley de Aguas y sus reglamentos.
Es cierto que, por lo general, estas funciones de policía son vistas por el usuario como el ejercicio de una actuación represiva, que siempre va en contra de sus intereses y que tiene, como único objeto, la recaudación, a través de las sanciones que se imponen a los infractores.
Esta visión negativa oscurece la verdadera finalidad de este servicio, que no es otro que la defensa de la buena gestión de los recursos, de los derechos de los usuarios, y del buen estado ecológico de los cauces. Debemos tener en cuenta que los ríos forman parte, y son la base, de unos ecosistemas acuáticos de gran valor, que ya de por sí se encuentran en muchos tramos muy alterados, y que conviene preservar para evitar una mayor degradación y para promover su recuperación. Por eso es tan importante la vigilancia de las actividades que se desarrollan en su entorno, para que no supongan alteraciones añadidas.
Desde el punto de vista del usuario más próximo al río o arroyo, como el agricultor que desarrolla su actividad de regadío, la conservación de los valores naturales del río puede verse como una amenaza a sus intereses. Por ejemplo, el mantenimiento de unos caudales ecológicos, en algunas ocasiones, puede limitar los caudales que tienen concedidos para el riego de su finca.
Pero se debe superar esta visión limitada de los intereses en presencia, teniendo en cuenta que los valores ambientales de los ecosistemas acuáticos también deben mantenerse, por ser indispensables para la protección y mejora de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, aunque sea a costa, en algunas ocasiones, de ciertas restricciones en el uso. Y es aquí donde entra en juego la importancia de la policía de aguas (guardería fluvial) no solo para preservar los valores ambientales del río, sino también para defender los intereses de los usuarios con derechos reconocidos.
Siempre bajo control
La guardería fluvial constituye un colectivo creado, junto con las comisarías de aguas, en el año 1961, en un momento en el que se empezaba a producir un desarrollo acelerado tanto agrícola como industrial, e incluso urbano, lo cual llevó aparejado un incremento de los usos asociados al agua, fundamental para ese desarrollo. Este incremento provoca también que empiecen a surgir los primeros conflictos y abusos, con lo que se hizo necesario implantar una policía de aguas para su control. En la actualidad, los usos y usuarios se han multiplicado, y la labor de policía se considera fundamental para una correcta gestión del agua y del resto de los bienes que integran el dominio público hidráulico.
Las funciones actuales de la guardería fluvial van desde la información y asesoramiento a los ciudadanos, a la inspección del cumplimiento de las condiciones de las concesiones y las autorizaciones otorgadas, así como de las obras afectas y detección de usos abusivos o ilegales. Además, ejercen funciones de vigilancia de los cauces en situaciones de emergencia como avenidas, sequías, mortandades piscícolas, etc., e informan sobre el estado de los cauces que precisan de actuaciones en el marco de los programa de conservación y mantenimiento.
La limitación de los recursos hídricos disponibles (ampliados en todos los sistemas de explotación con embalses de regulación que aportan un incremento importantísimo de agua para satisfacer las demandas de las grandes zonas regables), exige que solo puedan satisfacer sus demandas aquellos que tengan sus derechos reconocidos, y por tanto, se encuentren dentro de la planificación de la cuenca, lo que es garantía de supervivencia.
Debemos tener muy en cuenta que si se produce un uso abusivo por un usuario que no dispone de concesión, o que realiza una extracción mayor de la concedida, esto va a suponer una merma del conjunto de recurso disponible, que muy probablemente va a afectar a aquellos usuarios que realizan un uso racional dentro de los límites y condiciones establecidos en su concesión. Esto sucede tanto en las tomas de las aguas superficiales como de las aguas subterráneas, ya que nuestros acuíferos, también tienen unas reservas limitadas, y sus extracciones se han incrementado mucho en los últimos decenios, por lo que la labor de policía de aguas sobre estas masas de agua subterránea, también se hace imprescindible.
La labor de vigilancia de la guardería fluvial para inspeccionar los usos y denunciar los abusos, se considera primordial para garantizar los derechos reconocidos del resto de usuarios. Si no se realizara esta labor de policía, habría muchos usuarios que no podrían hacer efectivo sus derechos concesionales. Por lo tanto, aunque se pueda ver la labor de la guardería como represiva, desde otro punto de vista más objetivo se debe ver como una actividad garantista de derechos de uso reconocidos.
63 vigilantes en plantillaEn los últimos años, la plantilla de la guardería fluvial de la Confederación Hidrográfica del Duero se ha incrementado. Actualmente está formada por 63 agentes medioambientales y guardas fluviales, que atienden cada uno, de media, más de 1.200 kilómetros cuadrados de territorio, superficie muy superior a la que tienen asignada, por ejemplo, los agentes medioambientales de la administración autonómica. También de acuerdo con los datos de la propia Confederación, resulta más importante la labor de información y de asesoramiento a los usuarios, y de asistencia a los técnicos, vía informes en la tramitación de los múltiples expedientes, que realizan los miembros de la guardería que la labor propiamente de policía.
Así lo demuestra el balance de su actividad del año 2014, en el que se emitieron 9.800 informes, frente a las 398 denuncias formuladas. Sin este colectivo, no sería posible mantener en el sector del agua una gestión ordenada y pacífica, sobre todo en los años de dura sequía en los que el reparto del agua sin control generaría, sin duda, más de un conflicto. Por ello se les debería prestar la colaboración necesaria por parte de todos los usuarios que, en el mundo del agua, lo somos todos.