La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado el contenido del proyecto de Decreto que regula la creación y reconocimiento de la figura de ‘Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias de Carácter Regional (EAPr)’. Esta nueva normativa permitirá conseguir unas empresas cooperativas de mayor competitividad y tamaño que puedan negociar en posición de igualdad con los sectores de la transformación y distribución de alimentos lo que
La Ley Agraria de Castilla y León establece en su artículo 158 que la Consejería de Agricultura y Ganadería impulsará la mejora en la dimensión de las entidades asociativas agroalimentarias y para conseguir ese objetivo ha presentado el Decreto de creación y reconocimiento de la figura de ‘Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias de Carácter Regional (EAPr) y que comienza su tramitación. Castilla y León se convierte, de este modo, en la primera comunidad autónoma en desarrollar políticas de integración cooperativa en el marco de actuación autonómico.
Esta nueva figura pretende potenciar empresas cooperativas de mayor competitividad y tamaño que puedan negociar en posición de igualdad con los sectores de la transformación y la distribución, lo que permitirá conseguir mejores resultados en las explotaciones de sus socios.
El sector de la distribución ha emprendido, en los últimos años, importantes procesos de concentración empresarial que les proporciona un gran poder negociador en las operaciones que se realizan dentro de la cadena alimentaria. Por el contrario, el sector productor no ha seguido el mismo proceso de concentración por lo que su situación a la hora de negociar condiciones de compra-venta de productos agroalimentarios es de inferioridad.
Ante esta situación, este decreto busca promover cooperativas bien dimensionadas que aglutinen la oferta de productos y esto permita equilibrar la negociación entre el sector productor y los de transformación y distribución.
Los requisitos establecidos en esta norma han sido fijados persiguiendo un doble objetivo: que suponga un estímulo al dimensionamiento de las entidades asociativas y ofrecer soluciones accesibles a las entidades de menor dimensión, para que puedan beneficiarse, tanto ellas como sus socios, de la rentabilidad de este reconocimiento.
Requisitos
Esta nueva normativa define los requisitos exigidos a la entidad asociativa relativos a su vinculación con la Comunidad de Castilla y León, dimensión económica, base social, profesionalización y solvencia económica y técnica para que una entidad asociativa sea reconocida como prioritaria, así como los requisitos de actividad cooperativizada que debe reunir un socio de estas para ser considerado como socio prioritario.
Además, el decreto también recoge la creación del Registro Autonómico de Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias y establece el procedimiento de inscripción en el mismo tanto de las entidades como de los socios prioritarios, lo que les permitirá tener un tratamiento diferenciado en las distintas medidas de política estructural que se están aplicando en la comunidad.
El estar incluidos en el Registro supondrá unas mejores condiciones de acceso a las líneas de ayuda y una mayor cuantía de la misma, tanto para las entidades reconocidas como para los socios prioritarios de las mismas, dentro de determinadas convocatorias de ayuda financiadas por el FEADER y los fondos de la Comunidad Autónoma (inversión en industrias, planes de mejora y primera instalación).
El proyecto de decreto, que responde al desarrollo normativo de la Ley Agraria, uno de los compromisos del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, estará disponible en el portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León el viernes, 6 de mayo.
Normativa estatal
Esta iniciativa autonómica es complementaria a la política emprendida por el Gobierno de España con la publicación de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, pues persigue el mismo objetivo de integración cooperativa, pero trabajando en este caso en el ámbito autonómico, mientras que la ley nacional lo hace en el ámbito supraautonómico.