Algunas novedades de la PAC van a suponer un grave perjuicio para los agricultores. O esa es al menos la conclusión que extraen algunas organizaciones agrarias.
Concretamente, las críticas se centran en un precepto que habla de que las ayudas directas desacopladas de la Política Agraria Común (ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, ayuda redistributiva complementaria a la renta, o ayuda complementaria para jóvenes agricultores) se acumularán a los ingresos procedentes de los cultivos o explotaciones del perceptor en proporción a sus respectivos importes.
Como novedad, se han incluido como exentas las ayudas a los regímenes en favor del clima y del medio ambiente (eco-regímenes) de la política agraria comunitaria en la disposición adicional quinta de la Ley del IRPF.
No obstante, cuando el perceptor de la ayuda directa hubiera obtenido ingresos por actividades agrícolas y ganaderas, distintos de la ayuda directa, por cuantía inferior al 25 por 100 del importe del total de los ingresos de tales actividades, el índice de rendimiento neto a aplicar sobre las ayudas directas será el 0,56.
En estos casos, además de la reducción general del 10 por 100 (2023) y la reducción prevista para jóvenes agricultores, podrán aplicarse, si procede, los índices correctores que más adelante se comentan previstos para las actividades agrícolas y ganaderas, pues el hecho de que no se hayan obtenido ingresos directos de estas actividades no implica, en todo caso, que no se haya ejercido actividad dado que la percepción de la ayuda directa exige a los perceptores la realización de ciertas labores de mantenimiento de las explotaciones.
Este aspecto es el que critican por ejemplo desde Asaja, que han pedido al Ministerio de Hacienda que elimine este apartado porque “perjudica gravemente a los agricultores y ganaderos que han percibido menos ingresos en la renta de 2023, sobre todo a los más jóvenes”.
La organización agraria lamenta que el Gobierno mantiene esta instrucción que supone “un sablazo a los agricultores y ganaderos” criticando también que “se ha incluido, con alevosía y nocturnidad, en la normativa de módulos”.
Al aplicar el índice del 0,56%, la organización considera que “la presión fiscal se duplicará, ya que, de este modo, no se aplicará el índice de rendimiento neto del cultivo, que sería el 0,26 en caso de olivar, cítricos o cereal, que es lo que se aplicaba antes de esta modificación ya en la renta del 2023″.
Para Asaja, la “falta de sensibilidad” del Ministerio de Hacienda “es un despropósito porque lo más grave, es que esta instrucción afecta muchísimo más a jóvenes agricultores y ganaderos que en sus inicios obtienen menos ingresos”.
