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miércoles, octubre 9, 2024
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Luis Planas trata con Cooperativas Agroalimentarias la importancia de la modificación de la ley de la cadena

Este verano se publicarán los primeros reales decretos del plan de recuperación para la agricultura. La modificación de la ley de la cadena implica un cambio cultural en las relaciones contractuales que llevará tiempo, pero que es necesario, ya que dotará de mayor seguridad jurídica a los operadores y mejorará la transparencia en las operaciones comerciales

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunió ayer con el consejo rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España, con el que ha abordado las cuestiones más importantes del momento para el sector agroalimentario y cooperativo. En el transcurso del encuentro, ha reiterado la importancia de la modificación de la ley de la cadena alimentaria.

La PAC, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como temas de fiscalidad han sido otros de los asuntos analizados.

El ministro ha destacado a los representantes de las cooperativas españolas su compromiso con esta reforma legislativa, de la que hoy han comenzado las comparecencias ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso dentro del proceso de trasposición de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales, que debe realizarse antes del 1 de mayo.

Se trata de la segunda fase de la modificación de la ley que se inició el año pasado y que tiene como objetivo ofrecer mayor seguridad jurídica a los operadores, mejorar la transparencia, reequilibrar el poder en la misma y reforzar la posición de agricultores y ganaderos.

La realización de los contratos por escrito es una de los principales instrumentos para mejorar el equilibrio en las relaciones comerciales. La introducción de los costes de producción en la contratación se hizo para que los productos entren en la cadena de valor con precio, para que no se venda a resultas y se logre un mayor valor añadido, de forma que agricultores y ganaderos logren una retribución adecuada por sus productos. Se trata de un cambio cultural que llevará tiempo, pero que es necesario.

Por otro lado, el ministerio sigue avanzando en el Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado, en el que se enmarcan las medidas para el sector agroalimentario y pesquero. Planas ha remarcado que el objetivo de este plan son las pequeñas y medianas empresas.

Ha indicado que las inversiones destinadas a reforzar la bioseguridad en granjas y viveros, modernizar los invernaderos y fomentar la agricultura de precisión, la eficiencia energética y la economía circular se impulsarán mediante reales decretos que está previsto publicar el próximo verano.

Las destinadas a modernizar regadíos se llevarán a cabo a través de la sociedad estatal Seiasa. En este caso, las administraciones autonómicas recibirán los proyectos de las comunidades de regantes y las remitirán a la central para establecer las prioridades.

Con respecto a la PAC, tras los acuerdos en el Consejo de Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, la reforma se negocia ahora en los trílogos (Parlamento, Comisión y Consejo). El debate político sobre este último con las comunidades autónomas ha tenido ya dos sesiones en las que se han puesto en común las posiciones de cada una de ellas, así como los planteamientos del ministerio. En abril tendrá lugar el tercero y definitivo, tras el que se enviará un borrador informal del plan a Bruselas.

Fiscalidad favorable

Luis Planas ha confirmado que durante el primer trimestre de 2021 el MAPA remitirá al Ministerio de Hacienda una propuesta de reducción de índices de rendimiento neto de las actividades agrícolas y ganaderas que se hayan visto afectadas de manera importante por circunstancias de carácter excepcional, que serán aplicables para el ejercicio 2020. Para hacerlo, se apoyará en el informe emitido al respecto por las comunidades autónomas.

Por otra parte, el sector agrario ya se ha visto beneficiado por el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, que en materia tributaria recoge, en su artículo 9, una reducción del 20 % del rendimiento neto de la actividad aplicable en el sistema de módulos para 2020.

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