Editorial de CAMPO 44 – 02/04/2017
La incertidumbre sobre el agua de lluvia vuelve a tener al agricultor de secano pendiente del cielo. Una duda más que preocupante que este año también se cierne sobre las explotaciones de regadío, tanto de aguas superficiales como de acuíferos.
En ocasiones el partido hay que jugarlo en una cancha poco propicia, y ese podría ser el escenario que nos toque si no cambia mucho la meteorología. Aunque conviene no desesperar y recordar el refranero; si hemos tenido un mes de marzo que ha mayeado a sus anchas, nos queda por delante un abril y un mayo con mucho margen por marcear.
La futura PAC. Hay otro campo de juego en el que el agricultor debe desarrollar su actividad, y su estado no depende de la meteorología sino de lo que se decida en los despachos: ya está en marcha el debate para diseñar la política agraria del próximo decenio y nuestro país ha celebrado esta semana la conferencia ‘Construyendo la PAC del futuro post 2020’. Sus conclusiones son la base para edificar la posición común de España en las próximas negociaciones, con algunos aspectos que van mucho más allá de los discursos de buenas intenciones.
La imagen del agricultor. El documento surgido del encuentro incide en la necesidad de trasladar a la sociedad todos los beneficios que genera la PAC, una asignatura pendiente para que el ciudadano mejore su percepción tanto de la agricultura y la ganadería como de la Política Agraria Común. Quizá se consiga así que quien vive en la ciudad deje de ver al profesional del campo como un perceptor de ayudas, en lugar de lo que es: un productor de alimentos de calidad, con una gran responsabilidad en materia de seguridad alimentaria, de cuidado del paisaje y del medio ambiente.
Posición de Castilla y León. Durante su intervención en la conferencia, la consejera Milagros Marcos abogó por dar un nuevo impulso a la PAC sobre tres pilares fundamentales: las ayudas, el desarrollo rural y mecanismos frente a crisis. En ese sentido, subrayó la necesidad de garantizar el nivel de ingresos básicos de los agricultores con dos tipos de pagos: unos directos vinculados a la dimensión de la explotación, y por tanto no basados en derechos históricos, y unos pagos específicos para determinadas producciones que necesiten una atención diferenciada. El segundo pilar lo fijó en el desarrollo rural, de modo que se puedan abordar cuestiones como la mejora de las estructuras agrarias, la innovación y la investigación en el medio rural o el medio ambiente.
Un tercer pilar permitiría defender al sector frente a posibles crisis, tanto de origen sanitario como relacionadas con los mercados. No se puede sino coincidir con la titular de Agricultura respecto a que la PAC debe ser “fuerte y estratégica”, lo que debe traducirse en un presupuesto suficiente. Porque si los profesionales del campo asumen un riesgo en el marco de una actividad con implicación social parece lógico, y justo, que la Unión Europea disponga de una política que hasta cierto punto los respalde.