Así, la Plataforma de Competitividad Productiva Agroalimentaria de Castilla y León actuará de una forma coordinada con los tres agentes que componen la cadena de valor (producción, transformación y distribución) y se convertirá en el eje director de toda la acción política.
Esta plataforma pretende cumplir cinco objetivos prioritarios: el rejuvenecimiento del sector, el aumento de la productividad y la competitividad, un equilibrio de la cadena de valor, la calidad como hecho diferencial de los productos de la Comunidad, y la investigación así como la aplicación tecnológica al servicio del sector.
Para ello se tomarán diferentes medidas, como la entrega de ayudas directas de hasta 70.000 euros que se completarán con otros 11.000 euros del pago directo a ‘jóvenes agricultores’ procedentes de la PAC.
Con el fin de lograr un aumento de las producciones y mejorar la renta de las explotaciones, se llevarán a cabo inversiones en 60.000 hectáreas de regadío por valor de 459,5 millones de euros del PDR.
Ademásn, se va a crear el Mapa de investigación y procesos tecnológicos de la industria agraria y agroalimentaria de Castilla y León, para establecer puentes entre la investigación, la tecnología, las industrias y los productores.
Para contribuir al equilibrio de la cadena de valor, la Consejería de Agricultura y Ganadería establecerá un Observatorio de Precios de las principales producciones de la Comunidad que, además, permitirá analizar la situación de una forma periódica y adelantar actuaciones que puedan contener tendencias que afecten negativamente al sector.
Otra de las grandes apuestas de esta legislatura será por la calidad diferenciada de las producciones de la Comunidad incorporando nuevas Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas y Marcas de Calidad. Se reforzará con el Programa de Control integrado de la calidad diferenciada que va a permitir la realización de un número de actuaciones de control anuales a operadores, Consejos Reguladores y Organismos de Control y punto de venta.