“Vamos a contribuir a que los agricultores se sientan empresarios”

Milagros Marcos tomó posesión como consejera de Agricultura y Ganadería el pasado julio, y desde entonces ha dedicado buena parte de su tiempo a reconocer el terreno, a escuchar a los profesionales; esa ha sido su fórmula para radiografiar a un sector muy extenso y rico en posibilidades, “pero que necesita organizarse para ser competitivo y orientarse hacia las necesidades del mercado”.

-Efectivamente. Vamos a ayudar a que los agricultores y ganaderos sean empresarios y tengan la mayor rentabilidad en sus explotaciones. La clave del sector reside en adaptarse a lo que demanda el consumidor; es fundamental que veamos el final del proceso, que no perdamos de vista la rentabilidad de lo que hacemos. Agricultores y ganaderos deben ser competitivos y para ello deben tener explotaciones eficientes. Y en eso les vamos a ayudar. Por esa razón, vamos a elaborar planes de eficiencia en aquellos lugares en los que detectemos niveles por debajo de la media de la comunidad autónoma.

-¿En qué consisten esos planes?
-Vamos a establecer el rango de eficiencia de cada tipo de explotación. Para eso crearemos una red de explotaciones, con pilotajes, para conocer el nivel de rentabilidad que se puede alcanzar en cada uno de los sectores.

-¿Como en el vacuno de leche?
-Será el primero de los sectores donde apliquemos esta forma de trabajar, dentro de la plataforma de competitividad agroalimentaria del vacuno de leche. Una vez que se ven los costes de producción, se pueden estudiar los elementos que influyen en ellos. A partir de ahí, se determina la media de productividad de la comunidad autónoma y podemos ver si los costes de una explotación están por encima o por debajo de ella. Quien produzca a mayor coste nos lo comunicará y veremos razón: por el sistema de alimentación, por la gestión, por los costes energéticos… y focalizaremos las ayudas para mejorar la eficiencia de las explotaciones: ahora sabremos dónde actuar.

-Según este planteamiento, la clave reside en los costes de producción.
-Lo que vimos claramente en la crisis láctea es que algunas explotaciones no eran rentables aun vendiendo a un precio elevado, mientras otras vendían por debajo, y sí eran rentables. La clave está en el coste de producción porque no hay un precio estándar de rentabilidad, sino que esta va asociada a los gastos, que están vinculados a factores como el tamaño de la explotación, la gestión… aspectos que se están estudiando y que vamos a conocer. El resultado será muy positivo para el conjunto.

-¿Qué papel le corresponde al Observatorio de Precios?
-Conocidos los costes de producción, ese observatorio indicará lo que cuesta producir y a cuánto se vende, y podremos actuar en esa cadena. Pero insisto: no solo hay que hablar de precio; hay que hablar de rentabilidad. La Ley de la Cadena de Valor lo que busca es ese tipo de estabilidad.

-En ese análisis del sector, usted ha incidido en que el productor esté orientado al mercado.
-Uno de nuestros objetivos es que el consumidor de Castilla y León tenga una asociación directa con lo que produce el agricultor. Que lo producido en el campo sea lo que demanda la industria transformadora, porque es lo que demanda el consumidor. Por eso hay que detectar qué es lo que se demanda y no se produce en Castilla y León -por ejemplo, diferentes tipos de trigo- y lo trasladamos al sector, investigando antes cómo producirlo de forma rentable; apostando por la investigación.

-Esa información al sector, al agricultor, parece una de las grandes asignaturas pendientes.
-La información va a estar siempre disponible para el agricultor y el ganadero a través del observatorio de precios, una página web que puede consultar en cualquier momento. Verá cuáles son los costes de transformación y cuál es el precio de venta. Es algo recogido en la ley nacional y en nuestra Ley Agraria. Tendrá la información permanentemente actualizada.

-Uno de los cultivos que piden a gritos ese esquema es el de la patata.
-Evidentemente. Ahí está la interprofesional de la patata. Es una cuestión de organización del propio sector, si bien lo que hace la Junta es poner a disposición del sector el mecanismo que está funcionando muy bien en Castilla y León. Lógicamente tenemos intención de crear plataformas en aquellos sectores que precisen la coordinación entre los agentes de la cadena de valor. Siempre con los ejes horizontales que comentábamos de formación orientada, apoyo a la investigación, observatorio de precios, la red de explotaciones… Estamos ante un planteamiento que se puede extrapolar al resto de sectores.

-¿Ya se ha aplicado a otra rama de actividad?
-Por ejemplo, estamos trabajando en el plan de agricultura ecológica y lo estamos haciendo a partir de este modelo, porque es fundamental que exista ese equilibrio y esa relación entre quien produce, quien transforma y quien lo va a vender al consumidor. Porque si el campo no produce lo que demanda la industria, lo va a comprar fuera. Tenemos un margen muy importante de crecimiento, sobre todo en patata, y se va a buscar el acuerdo porque para el sector es importante estar organizado y seguir avanzando. La interprofesional de la patata es muy importante, y sobre todo hay que cumplir el reglamento: que se forme por acuerdo de todos y certificar el 51% de la representatividad. Vamos a buscar la fórmula para que todos estén cómodos.

-¿Puede Castilla y León aumentar la superficie de patata?
-La respuesta la daremos nosotros mismos cuando seamos capaces de afrontar nuestros retos. En primer lugar, el problema no es la patata francesa, porque estamos en un mercado global. El objetivo no es que no llegue producto de fuera, sino hacer nosotros un producto que aguante en el tiempo. No podemos criticar cuando no tenemos capacidad para hacer lo que hacen otros; debemos ser capaces de hacerlo nosotros.

En determinados meses, como consumidor vas al mercado y no tienes dos opciones: solo tienes la de fuera. Ahora bien, cuando estén en los lineales la patata nacional y la de fuera, entonces sí que hay que apelar a una mayor información al consumidor, en relación con cuestiones como la calidad superior de nuestro producto. Porque yo quiero un consumidor más informado, pero también más comprometido con lo producido en Castilla y León. En eso tenemos que trabajar a través de Tierra de Sabor. Vamos a impulsarla para que el consumidor se sienta más vinculado a la marca de la tierra, sabiendo que al comprar esos productos respalda un sector que genera riqueza y empleo, sobre todo en el medio rural.

Ese compromiso es importante, pero también tiene que haber producto en el lineal, y ahí tiene mucho por hacer el sector. Y nosotros vamos a ayudar a que el sector sea competitivo.

-¿Cómo contempla el cultivo de la remolacha, con el final de las cuotas?
-En 2017 se abre un nuevo escenario, pero hemos logrado que entre unas ayudas y otras (después de que consiguiéramos que la remolacha se convirtiera en cultivo agroambiental) el agricultor reciba 900 euros por hectárea. Lo que hace falta es que las industrias estén preparadas para recoger más volumen que ahora y sean más rentables. Tienen capacidad para ello. Por otra parte, la transformación de nuevos regadíos en León también puede ser un gran impulso para el cultivo. Ahora lo que hay que conseguir es que la remolacha sea rentable y hemos hablado con la industria para anticiparnos. Hemos hablado de costes de producción, de energía, de que la industria pueda absorber esa mayor producción…

-¿Habrá nueva convocatoria de las ayudas a la modernización?
-Sí, porque el PDR prevé todo tipo de líneas de modernización, de renovación del sector, y se convocarán durante este año. Eso sí, irán enfocadas a los sectores que requieran modernización y para lograr que las explotaciones sean más rentables: ayudar a las explotaciones como empresas.

-Pero con las ayudas siempre chocamos con la burocracia, con las diferentes ventanillas…
-Los mensajes deben llegar de forma unívoca al medio rural; que haya ventanillas únicas de información. Estamos desarrollando un programa con el colegio de ingenieros agrónomos, un programa de formación de formadores, trabajando con las organizaciones agrarias y las diputaciones, que poseen una buena estructura, para que haya una red de información que llegue al territorio.

Hay medios para llevar la información a todos los puntos, pero es algo que se debe hacer de forma coordinada. Uno de los objetivos es establecer un marco de colaboración estable con las diputaciones, unos entes que curiosamente no tienen competencias en materia de agricultura, pero no quita para que participen. Luego está el obstáculo de que cada ayuda tiene su propio mecanismo, porque no olvidemos que muchas llegan con condicionantes europeos, con sus propias autoridades de gestión…

-Otro reto es dar a las ayudas un enfoque de territorio, de comarca.
-Por supuesto. La base está en intentar que las líneas de actuación confluyan en una zona para hacerla competitiva: concentración parcelaria, regadío, atraer a la industria transformadora, la ayuda a la incorporación de jóvenes… El programa de apoyo al agricultor y el ganadero debe ser único: que seamos capaces de articularlo todo. Porque los mantenedores de los pueblos son los agricultores y los ganaderos y si somos capaces de aunar esfuerzos multiplicaremos los resultados. Nuestro objetivo es tener el proyecto de una zona, conocer su potencial y orientar las ayudas para que ese desarrollo sea efectivo. Hay que tener ese mapa, apoyado en la ordenación territorial que se está planteando como viable en Castilla y León.

-Un cambio grande que trae la Ley de la Cadena Alimentaria es la celebración de contratos…
-Nuestro empeño es ir generando esa nueva cultura. No hay empresario, en cualquier sector, que piense que se puede vender sin contrato. Y cuanto más plazo tiene un contrato, más estabilidad da. Este concepto ha tardado más en calar en este sector pero se van viendo las ventajas de tener un contrato estable y una rentabilidad garantizada a medio plazo. Estamos consiguiendo que cale esta nueva cultura en las conversaciones que mantenemos con los diferentes agentes. Además, la norma lo establece como una obligación. Y la transparencia y estabilidad son exigencias de los propios mercados. Me consta que ya hay industrias y gran distribución en Castilla y León donde este sistema se ha establecido con ganancia para todas las partes.