Los robos de cobre en las instalaciones de regadío han elevado de forma significativa el coste de los siniestros durante los primeros seis meses de 2026. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) alerta de que el importe de los daños registrados en este periodo se ha más que duplicado respecto al primer semestre de 2025.
El incremento no responde tanto a un aumento del número de asaltos como a la mayor magnitud de los daños provocados durante los robos. En los casos de mayor envergadura, los siniestros pueden alcanzar entre 60.000 y 200.000 euros, según la federación.
El cobre, principal objetivo de los delincuentes
Detrás de esta escalada se encuentra, en buena medida, la fuerte revalorización del cobre. Su precio acumula una subida cercana al 45% desde 2024, lo que ha incrementado el atractivo de las instalaciones de regadío para bandas profesionales.
Según Fenacore, se trata de grupos organizados e itinerantes que se desplazan entre distintas zonas en función del nivel de vigilancia y de las dificultades que encuentran para acceder a las instalaciones.
En torno al 95% de los asaltos tiene como objetivo el cobre presente en el cableado, los transformadores y los motores de las estaciones de bombeo, así como en las instalaciones fotovoltaicas vinculadas al regadío.
El problema es que los delincuentes no se limitan a extraer el material. Para acceder al cobre, desmantelan equipos completos y provocan daños que pueden multiplicar varias veces el valor del material sustraído.
Andalucía, Levante y Aragón, entre las zonas más afectadas
Las comunidades de regantes más afectadas durante este año se concentran principalmente en Andalucía, Levante y Aragón.
En Andalucía destacan especialmente las provincias de Huelva y Jaén, mientras que en el Levante los mayores problemas se localizan en Alicante y Valencia.
La ubicación de muchas infraestructuras de regadío en zonas aisladas constituye uno de los principales factores de riesgo. Estas localizaciones facilitan que grupos especializados puedan actuar con menor riesgo de ser detectados y disponer posteriormente del tiempo necesario para desmontar los equipos y transportar el material.
Fenacore subraya que estas bandas cuentan, además, con conocimientos técnicos y medios suficientes para acceder a instalaciones eléctricas y de bombeo, lo que explica que el robo de cobre pueda terminar afectando a elementos esenciales para el funcionamiento del regadío.
El riesgo va más allá del coste del robo
El impacto económico de estos delitos no termina con la reparación de los equipos. Fenacore advierte de que el desmantelamiento de una estación de bombeo o de una instalación fotovoltaica puede interrumpir el suministro de agua durante semanas, con el consiguiente riesgo para los cultivos.
A las dificultades derivadas de los propios trabajos de reparación se suman, en algunos casos, los problemas para reponer determinados componentes debido a las tensiones existentes en las cadenas de suministro.
El riesgo es especialmente elevado cuando los robos se producen durante la campaña de riego o en episodios de temperaturas extremas.
“Si el robo se produce en plena campaña de riego o coincide con una ola de calor, unos pocos días sin agua pueden comprometer seriamente los cultivos y la cosecha”, explican desde fenacore
De esta forma, un delito cuyo objetivo inicial es la extracción de un material de alto valor puede terminar generando pérdidas económicas para las comunidades de regantes y, en última instancia, para los agricultores, al poner en peligro el suministro de agua necesario para mantener las producciones.
La prevención, primera línea de defensa
Ante esta situación, Fenacore considera que la prevención debe ser el Plan A frente a una delincuencia cada vez más organizada y atraída por la elevada cotización del cobre.
La federación reclama reforzar las medidas de protección y seguridad de las infraestructuras de regadío, especialmente en aquellas instalaciones situadas en emplazamientos aislados.
Entre las herramientas con mayor capacidad disuasoria destaca la combinación de sistemas de vigilancia, control de accesos y monitorización, que permiten aumentar las posibilidades de detectar movimientos sospechosos y dificultar el acceso de los delincuentes.
La organización considera que estas medidas preventivas deben complementarse con la contratación de seguros. Las comunidades de regantes cuentan mayoritariamente con este tipo de cobertura, que permite limitar las consecuencias económicas de los robos cuando las medidas de prevención no son suficientes.
