El salmantino Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente de Castilla y León en un pleno monográfico de las Cortes regionales que se celebrará el 9 de junio. El vicepresidente será el leonés Carlos Pollán, anterior presidente de la Cámara regional, y a partir de ahí continúa el ‘sudoku’ de los nombramientos.
La organización agraria Asaja valora que, por fin, haya un acuerdo político entre el PP y Vox para conformar gobierno y dar estabilidad política tras las elecciones autonómicas del pasado marzo.
Especialmente, valora la creación de una ‘macroconsejería’ de Agricultura en la que, a sus competencias habituales, se suma también la política ambiental, en aspectos como las autorizaciones ambientales de las distintas actividades económicas, y la gestión de la caza.
Con respecto a este último punto, “el interés agrario tiene que ver con los daños que ocasiona la fauna salvaje: daños en cultivos, ataques a animales de abasto y transmisión de enfermedades que les son comunes”. “Por supuesto, esta renovada consejería tiene que llegar convenientemente dotada de los recursos humanos y económicos precisos para desarrollar las competencias que le corresponden”, advierte.
En cuanto a las medidas pactadas en materia de política agraria y medio ambiente, “en muchos casos son meras declaraciones de intenciones; parecen poco concretas, no mencionan plazos ni compromisos presupuestarios, algunas se salen de las competencias de un gobierno autonómico y hasta pueden buscar el enfrentamiento entre administraciones en vez del consenso”, avisa.
“Por experiencia anterior”, dice, en algunas cuestiones ambos partidos políticos no opinarán lo mismo en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Europeo. La organización agraria valora que, en materia agraria, en el documento no se hayan metido en ningún “charco”, aparentemente.
En la política impositiva, la organización pone el foco en la promesa de “reducir impuestos en la transmisión de explotaciones agrarias y fincas rústicas” y seguir bonificando al 95% las tasas veterinarias.
Asaja también considera ambicioso el acuerdo en materia de política hidráulica, pero recuerda que las competencias recaen en la Confederación Hidrográfica del Duero, es decir, en el Gobierno de España. También suena bien preservar el suelo agrícola frente a la “especulación” de los fondos que promueven las energías fotovoltaicas, aunque de nuevo muchas competencias recaen en el Estado.
Conocer «las prioridades» de la Junta
UPA valora que «por fin» se dé un paso al frente después de la celebración de las elecciones autonómicas hace casi 90 días y se conozca en breves fechas el nuevo equipo de la Consejería de Agricultura para que dé respuestas a los retos del campo de Castilla y León.
En este sentido, reclama al que será nuevamente presidente de la Junta de Castilla y León que la primera medida a aprobar del nuevo Ejecutivo sea un Plan extraordinario de apoyo al sector cerealista, con ayudas directas incluidas, ante la situación dramática que atraviesan los productores por la previsión de mala cosecha y por los precios ruinosos que se pagan por el cereal.
La Consejería de Agricultura, que será gestionada por Vox, se encontrará nada más aterrizar con la necesidad de abordar un problema como el de los cereales, sobre el que «urge actuar» para no poner en peligro la sementera de la próxima campaña.
Conocido el documento de 62 páginas del acuerdo, UPA considera que aún es pronto para hacer una valoración en profundidad, pero la organización agraria pide «concreciones y compromiso» a la Junta para impulsar y fortalecer el modelo de explotación familiar, «que es mayoritaria en la región».
A UPA le preocupan la PAC, los «abusos» de la industria y la distribución en la cadena alimentaria, la consecución de precios justos, la falta de apoyos suficientes en seguros agrarios, los costes de producción, la necesidad de ayudas para la incorporación de jóvenes, el control de la fauna salvaje, el saneamiento ganadero… «y muchos otros problemas que habrá que abordar de inmediato».
Al respecto, UPA pide conocer «cuanto antes» de qué forma se van a concretar las prioridades y compromisos del Gobierno con el sector agrario que se han recogido en 10 páginas del citado documento, y cómo repercutirán a los agricultores y ganaderos.
